Las 9 claves del preacuerdo con Alcoa

Además, los sindicatos, que se han reunido durante toda la mañana en la sede del Ministerio de Industria, exigen un compromiso del Gobierno de que si el 1 de julio no existe ningún inversor, este asuma el mantenimiento del 100% del empleo. Sin embargo, el Ejecutivo rechaza esa posición. Sí se compromete a «trabajar» para que «todos los afectados» por el proceso puedan ser recolocados, pero no garantiza que más allá del 30 de junio todos tengan trabajo o sea el Estado el que los asuma.

Estas son las claves del documento firmado de madrugada por los representantes de la plantilla y Alcoa

Se mantienen los puestos de trabajo hasta el 30 de junio mientras se busca un comprador que pueda adquirir las plantas y subrogarse en las relaciones laborales existentes, así como soluciones de reindustrialización.

La empresa se compromete a adoptar las medidas precisas para la parada programada de las cubas electrolíticas hoy activas, de modo que puedan volverse a arrancar por un potencial comprador. Para ello deberá contar con la colaboración de los trabajadores. El proceso se ejecutará antes del 1 de marzo.

En el supuesto de que Alcoa alcance un acuerdo de satisfacción con un comprador, la multinacional se compromete a asumir en las plantas que sean objeto de compra, el coste de rearrancar las cubas que hayan sido objeto de una parada programada y ordenada, así como rebrascar las cubas que a día de hoy están ya paradas, al objeto de que dicho comprador pueda dar continuidad a la producción electrolítica.

La venta y citada asunción de coste por parte de Alcoa estará condicionada a que el comprador asuma la totalidad de los trabajadores y, por tanto, Alcoa no tenga que realizar ningún despido, recolocación ni prejubilación alguna y proporcione garantías que permitan concluir que el proyecto empresarial es viable.

El límite de asunción de coste por parte de Alcoa se cifra en 40 millones (20 millones de euros por cada planta). Estas cantidades se harán efectivas conforme se vayan ejecutando las operaciones.

Tras ejecutar la parada ordenada de las cubas, los trabajadores de las series electrolíticas, desde el 1 de marzo aproximadamente y hasta el 30 de junio, participarán en el plan de formación que gestionará el grupo Alcoa Inespal, así como en aquellos planes que pueda facilitar el Ministerio de Industria. Estos trabajadores continuarán de alta en la Seguridad Social y seguirán percibiendo su retribución de la jornada ordinaria.

El mantenimiento de estas actividades permitirá la continuidad de 205 empleados: 114 en La Coruña y 91 en Avilés.

Estas recolocaciones están vinculadas a la implementación de un plan de bajas incentivadas en la planta de San Ciprián, en Lugo, condicionado también a que esta propuesta sea aceptada por la representación de la factoría lucense. Se ofrecerá a sus trabajadores con 57 o más años de edad el 31 de diciembre de 2018 y hasta los 65 la posibilidad de adherirse al plan de bajas incentivadas.

Se les asegurará un complemento que alcance los porcentajes siguientes:

-De 57 a 59 años: el 74% del salario bruto hasta los 64 años

-De 60 hasta 65 años: 78% del salario bruto hasta los 65 años.

Estas bajas incentivadas generarían vacantes para empleados de Avilés y La Coruña en los mismos grupos funcionales, que se distribuirían de forma equitativa entre las dos plantas. Esto podría llevar, potencialmente, a la recolocación de hasta 106 empleados. Como compensación por el traslado de residencia, se ofrecen 10.000 euros por trabajador.

La propuesta es que las personas de Avilés y La Coruña con mayor antigüedad y que no sean prejubilables tengan prioridad para acogerse a estas vacantes.

Se aplicarán prejubilaciones obligatorias para todos los empleados de 53 años o más a 31 de diciembre de 2018. Se les asegurará un complemento que, sumado a la prestación por desempleo, alcance los porcentajes siguientes.

-De 53 años a 56: el 70% del salario bruto hasta los 63 años

-De 57 a 59 años: el 74% del salario bruto hasta los 64 años

-De 60 hasta 65 años: 78% del salario bruto hasta los 65 años.

Según los cálculos de la empresa, esta medida afectaría a unos 44 empleados, la mayoría en La Coruña (36) y solo 8 en Avilés.

Además, habrá un convenio especial con la Seguridad Social para el personal prejubilado.

Derivado de la extinción de su relación laboral, el personal no incluido en las medidas anteriores percibirá una indemnización bruta equivalente a la suma de una indemnización de 60 días de salario por año de servicio sin límite de años y, adicionalmente, un segundo importe equivalente a 10.000 euros brutos.

Se desarrollará un plan de recolocación externo para fomentar la recolocación o el autoempleo a cargo de Lee Hecth Harrison.