El Gobierno afirma que garantizar todos los empleos de Alcoa «no forma parte del preacuerdo»

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, indicó que ese compromiso de garantías «no forma parte del preacuerdo» y que tanto el Gobierno como el resto de administraciones tan sólo pueden asumir la responsabilidad de trabajar para «recolocar a todos los efectivos que están en peligro».

El preacuerdo ofrece una solución para unos 355 empleados de las dos plantas, algo más del 50% de los 623 trabajadores indefinidos de las plantillas, y el compromiso de Alcoa de asumir el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones por planta) si se concreta una oferta de compra por algún inversor antes del próximo 30 de junio.

Valdeolivas recalcó que esa petición de garantías para mantener el 100% del empleo por parte de los sindicatos se trata de «un anexo ajeno que no forma parte del acuerdo que va a someterse a las partes».

«Vamos a trabajar por la recolocación de todos los trabajadores, pero no es un compromiso que pueda ser abiertamente escrito en esos términos. El compromiso es nuestro esfuerzo de buscar la mejor solución, pero los resultados no dependen del Gobierno. Contamos con seis meses que nos dan un tiempo para buscar soluciones definitivas», añadió al respecto.

Así, el preacuerdo cubre durante estos seis meses al resto de los más de 260 trabajadores que no entran dentro de esa solución propuesta por la compañía, que durante ese periodo estarán en en un proceso de formación profesional,financiado por la empresa y, si no pueden ser recolocados, «van a salir con una mejora significativa de su empleabilidad», dijo la secretaria de Estado de Empleo.

Por su parte, el secretario general de Industria, Raül Blanco, valoró «muy positivamente» el preacuerdo alcanzado a última hora de la madrugada entre la empresa y los trabajadores y consideró que «era impensable hace unas semanas y mejora mucho la situación que se tenía».

Blanco indicó que las garantías de éxito en este tipo de procesos siempre son mayores teniendo un acuerdo entre las partes que si no se tiene y señaló que el objetivo del Gobierno es poner todos los recursos posible para minimizar al «máximo» el impacto de un posible cierre final de las plantas.

Además, valoró la existencia de un compromiso de inversión por parte de la empresa, lo que «va ayudar mucho», y destacó que también va a facilitar mucho el escenario para buscar un nuevo inversor para las plantas.

Mientras, los sindicatos valoraron también «positivamente» el preacuerdo con la empresa, «dentro del abismo en que se estaba», y mostraron su disposición a defenderlo para que sea ratificado por los trabajadores de las plantas, ya que supone «ganar tiempo» para buscar inversores y para la creación por el Gobierno del Estatuto para los Electrointensivos.

No obstante, lamentaron que no existiera un «mensaje más contundente» por parte del Gobierno y se haya tenido que poner ya sobre la mesa la posibilidad de planes sociales en el caso de que a día 1 de julio no se haya encontrado una solución definitiva, dijo el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.

«El Gobierno nos ha dicho que va a estar detrás de nosotros, que va a apoyar, pero no tenemos un compromiso tangible por parte del Gobierno que certifique que puedan seguir trabajando todos los trabajadores a partir del 1 de julio. Se puede estar con un mensaje mucho mas fuerte y vamos a esperar a ver qué dicen», añadió.

Por su parte, el responsable de Política Industrial de CC.OO, José Manuel Casado López, también consideró «positivo» el acuerdo y aseguró que existe el compromiso del Gobierno de intentar reducir «a la mitad de tiempo» el periodo fijado para aprobar un Estatuto para la Industria Electrointensiva, que vio la luz el pasado mes de diciembre en un real decreto ley del Gobierno y se estima que este en marcha en seis meses.

«Lo que serviría para Alcoa y todos los electrointensivos de este país que están en la misma situación», añadió.