¿Qué medidas que faltan por aprobar en la segunda fase de la reforma de las pensiones?

La primera parte de la reforma de las pensiones llevada a cabo a principios de este 2022 por el Ministerio de la Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, incluía una de las medidas estrella, la revalorización por ley de las de la cuantía con el Índice de Precios al Consumo (IPC). Es decir, a partir de este año las prestaciones contributivas subirán lo que suba de media el IPC. Según los cálculos publicados por la Seguridad Social, las pensiones esto se traduce en 46,5 euros de media al mes.

En este sentido, el profesor titular de Economía Financiera y Actuarial, Enrique Devesa, avisa que la revalorización de las pensiones con el IPC –que podría suponer una subida el año que viene superior al 8%– va a suponer un importante esfuerzo para las arcas públicas.

Pero todavía queda una segunda fase de la reforma de las pensiones que está incluida en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas. El Gobierno y los agentes sociales ya han comenzado las negociaciones este mes de septiembre. Las medidas que faltan por aprobar son dos:

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha planteado el incremento progresivo de la pensión máxima para que las personas con rentas más elevadas contribuyan más a la Seguridad Social. En estos momentos, la base máxima de cotización se sitúa en los 4.139,40 euros, por lo que todos los que ganen más de esta cifra cotizan por igual.

Con la eliminación de este tope «de forma gradual, se aumentará la recaudación en términos de cotizaciones sociales», afirmaba Escrivá. Además «aumentará los ingresos del sistema en las décadas de los treinta y los cuarenta, que es donde el sistema sufrirá».

Escrivá tiene pensado «adecuar a la realidad» el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora, que se determina a través de los años cotizados y los pagos a la Seguridad Social durante la carrera laboral.

El periodo de cálculo para determinar la cantidad que recibe un pensionista es de 25 años. No obstante, parece que la ampliación del cómputo se va a retrasar, ya que el propio Escrivá rechazaba esta posibilidad hace unos días.

Lo que sí se va a plantear es que los futuros pensionistas puedan descartar los peores años de su cotización, con el fin de beneficiar a quienes hayan sido expulsados del mercado laboral en sus últimos años de carrera laboral.

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