Ribera desvincula el recorte de Arcelor del coste de la energía y lo enmarca en la «reestructuración de su actividad»

Arcelor anunció ayer que reducirá su producción prevista para este 2019 en 3,2 millones de toneladas, 700.000 pertenecen a las factorías de Avilés y Gijón, 1,5 a la de Cracovia (Polonia) y otro millón a Ilva, en Italia, el que tenía previsto incrementar este año gracias a mejoras en su productividad.

La multinacional argumentó para tomar esta decisión el alto coste de la electricidad y de los derechos de emisión de CO2, así cómo el incremento sin precedentes de las importaciones de productos siderúrgicos procedentes de países extracomunitarios.

Sin embargo, Ribera insistió en que cuando se ve la comparativa de los precios de la electricidad en España frente al resto de la UE, «hay una horquilla más o menos similar para la industria electrointensiva», aunque el coste para las pymes y el consumidor es «mucho más elevado».

En una entrevista en la cadena Ser defendió, por tanto, que tras la decisión de la multinacional se encuentran otras causas ajenas el precio eléctrico, un aspecto que también ha defendido el Ejecutivo en el caso del cierre anunciado por Alcoa para sus plantas de Avilés y La Coruña. Arcelor, sin embargo, cifra el diferencial que paga por la energía en España con respecto a Alemania en un 25%-30% y en el caso de Polonia lo eleva a un 50%. No obstante, Ribera asegura que el Gobierno de ese país compensa hasta el doble del precio del CO2 con respecto al realmente emitido en esa planta, lo que se refleja en la factura energética.

Se da la circunstancia también de que España, Italia y Polonia están sufriendo más la llegada de acero 'barato' de fuera de la Unión Europea -no tiene necesidad de pagar derechos de emisión-. En el caso del sur del continente su procedencia principal es Turquía y en el caso del norte, es de Rusia. Según la multinacional estos motivos y que son plantas con «peores costes marginales» le llevaron a concentarr el ajuste en estas factorías.

A pesar de que Ribera no coincide con las justificaciones de Arcelor, ha explicado que el Gobierno está intentando ver qué «se puede hacer para acompañar a la industria electrointensiva», aunque ha insistido en pedir prudencia ante esas otras causas «estructurales».

Teresa Ribera ha señalado también que «hay que ver de qué manera los procesos industriales que son intensivos en energía y en CO2 pueden ir evolucionando hacia un modelo diferente, sin que se ponga en riesgo una competitividad industrial que se necesita».

Además, también ha argumentado que las demandas van evolucionando y «la madurez de la economía hace que se produzcan demandas de proximidad» en zonas o países cuya economía está en proceso de crecimiento expansivo y hay más construcción de infraestructuras que en países más asentados. Un argumento que no explicaría por qué el recorte se concentra en España y Polonia y no llega a países también desarrollados como Alemania, Francia o Bélgica.