Los empresarios asturianos advierten sobre la ley anticierres: «Las sanciones no son la solución»

Por ello, la presidenta de Fade instó al Gobierno central a modificar el estatuto del consumidor electrointensivo para que las ayudas se concentren en las hiperelectrointensivas y elevar las compensaciones por costes indirectos de CO2 al máximo. «Esta tiene que ser la vía, la de ayudar, y no la de la sanción», subrayó.

Calvo se pronunció sobre este asunto en la inauguración de Asturex Open Days, en Oviedo, a la que también acudió el consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, quien indicó, sobre la ley anunciada por Hereu, que «son medidas que tratan de ayudar y de impulsar aquellos proyectos que son clave para Asturias y España». Ante un plan esencial para garantizar el futuro de la siderurgia asturiana y, por tanto, de la producción de acero en el país, señaló que, «de la mano del ministerio y del Gobierno de España, tenemos que tratar de dotarnos de todos aquellos mecanismos, «sean de la índole que sean, para garantizar la competitividad y los proyectos de descarbonización claves no solo para el sector en sí, sino para todos los que arrastran». Incluso para el ámbito de la I+D, porque la siderurgia es una actividad «altamente intensiva» en este sentido y, por ello, «suponen una apuesta por modernizar y transformar nuestro tejido productivo y por dotarnos de esa diversificación durante los próximos años».

Aunque las negociaciones «son siempre complejas y poliédricas», Sánchez insistió en que el Principado mantiene un contacto permanente con el Ministerio de Industria, que es quien lidera las negociaciones con Arcelor, y recalcó que las administraciones están «al lado» de la empresas que «quieran liderar proyectos, máxime aquellos tan clave ahora para nuestra economía como los ligados a la descarbonización». Así, confió en que la negociación llegue a buen puerto. De momento, la ley anunciada por Hereu «está en forma de propuesta y es prematuro saber qué va a estar contenido en ella».

Sobre el diálogo con Arcelor, la delegada del Gobierno, Delia Losa, manifestó que le consta que el ninisterio «está poniendo todo su empeño y esfuerzo para materializar esa ayuda (de 450 millones) y para que cuanto antes se consiga el acuerdo» que desbloquee la inversión en la planta de DRI. Por su parte, el consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, incidió en que el Gobierno tiene los mecanismos «para implementar herramientas que permitan garantizar la continuidad de la industria del acero en nuestra comunidad autónoma, con Mittal o sin Mittal».

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Por otro lado, desde la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), en la que se integran empresas como Arcelor o Asturiana de Zinc, se calificó ayer de «insuficiente» la subida de las ayudas por los costes indirectos del CO2 desde 244 millones de euros a 300. «En la práctica es recibir la mitad o menos de las compensaciones a las que tendríamos derecho, lo que nos aleja de la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con las industrias de otros países», criticó su director general, Pedro González.