La UE mantiene las condiciones del plan verde de Arcelor para Asturias que el grupo ve inviables

Hace ya casi doce meses, y tras más de año y medio de negociaciones, la Comisión Europea dio a España el permiso para otorgar una ayuda de Estado a Arcelor de hasta 460 millones de euros ligada a los objetivos de la Estrategia del Hidrógeno de la UE y del Pacto Verde Europeo. Posteriormente, el Consejo de Ministros la concretó en 450 millones y se publicó un real decreto para articularla que incluía los requisitos negociados con Bruselas y que, a todas luces, resultan imposibles de cumplir, en buena medida por el escaso desarrollo de los planes relacionados con el hidrógeno.

Aunque en un inicio se anunciaron calendarios mucho más ambiciosos, el desarrollo de los planes de producción de este vector energético y su canalización hacia Asturias van más despacio. Enagás contempla que los primeros tramos de su red troncal estén en una horquilla que va desde 2028 a 2030. Además, el precio que se baraja dista mucho del euro y medio por kilogramo que se planteó al presentar el proyecto. De ahí que tanto Arcelor como el Gobierno hayan buscado algún tipo de relajación en las condiciones, aunque de momento sin éxito.

Las modificaciones de las medidas de ayuda existentes requieren de una notificación a la propia Comisión Europea y una decisión de esta que apruebe los cambios, antes de que puedan aplicarse. Según ha podido saber este periódico, esas condiciones no se han modificado y siguen vigentes, lo que complica que la multinacional siga adelante, consciente de que se vería obligada a devolver la ayuda.

Mientras, tanto el Gobierno central como la empresa guardan en secreto el memorando de entendimiento suscrito entre ambas partes en julio de 2021, cuando se anunció el proyecto en Gijón por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del de Arcelor, Lakshmi Mittal, así como su hijo y consejero delegado de la empresa, Aditya Mittal. El documento nunca se ha hecho público, pero tampoco hay interés en que sea así. De hecho, el Ministerio de Industria ha recurrido a la justicia para intentar frenar la reclamación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que se conozca su contenido.

Esta cuestión paralela nace de la solicitud realizada por un ciudadano el 2 de marzo de 2022 en la que pedía conocer las obligaciones que asumía la Administración central con aquel memorando. Ese requerimiento fue rechazado por el ministerio, al entender que en aquel pacto se incluían «pormenores considerados innovadores y su revelación supondría una desventaja competitiva». Por este motivo, el reclamante acudió a Transparencia, insistiendo en la relevancia de la rendición de cuentas y en la importancia de conocer cuestiones como a qué se obliga el Gobierno y los compromisos en relación a empleo y protección ambiental. Tras varios cruces de argumentos, el órgano dio diez días hábiles a Industria para remitir la información, sin incluir datos técnicos y tecnológicos, pero el Ejecutivo considera que se podría perjudicar a Arcelor y, como ya publicó este medio, recurrió a la justicia para frenar esa posibilidad. Casi un año después, el ministerio insiste en los tribunales con el objetivo de mantener en secreto el pacto firmado.

Por otro lado, el secretario general de Foro Asturias y también diputado en la Junta General, Adrián Pumares, reclamó ayer a los parlamentarios asturianos en el Senado y en el Congreso que exijan al Gobierno que garantice precios de energía «competitivos y predecibles» para asegurar la actividad de compañías electrointensivas como ArcelorMittal.