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El accidente que ha inutilizado el horno alto 'A' de la planta gijonesa de Arcelor deja a la dirección asturiana de la multinacional ... y a la plantilla sumida en un mar de dudas. «Llega en el peor momento», aseguran fuentes sindicales, porque se trata de un periodo ya de por sí muy complejo. En él se unen la crisis energética, geopolítica e incluso financiera con la carísima transición hacia un nuevo modelo productivo bajo en emisiones, que otros países están dispuestos a subvencionar en mayor grado que Europa y con una agilidad muy superior, lo que está provocando una fuga de inversiones. A todo ello se suma que las relaciones laborales atraviesan un momento delicado. Tras un año de negociaciones del acuerdo marco sin avances, los representantes de los trabajadores amenazan con levantarse de la mesa la semana que viene. De momento, ambas partes siguen en posiciones de máximos. Que el ERTE planteado por la compañía para ajustar el personal tras el siniestro sea de fuerza mayor tampoco ha sentado bien.
Y, en esa espinosa situación, llega una explosión que inutiliza una pieza fundamental de la siderurgia asturiana, el horno alto 'A', que estaba previsto que abandonara la actividad definitivamente en dos años, sustituida su función por la de una nueva planta de reducción directa del mineral de hierro. La clave será ahora determinar si la reparación es viable, tanto desde el punto de vista económico como técnico y logístico, si es amortizable la inversión para devolver la vida a una instalación que cuenta con más de medio siglo de historia. Dos años con un único horno se barruntan demasiados, sobre todo, cuando las instalaciones gijonesas están diseñadas para ser competitivas con los dos en funcionamiento. La parada de uno afecta al total de la producción, no solo a la que se recorta.
Pero hay otro problema. El futuro de la factoría, a pesar de estar diseñado y anunciado, no está completamente claro y ahora, aún menos. Sobre la mesa hay un ambicioso plan de descarbonización, con una inversión prevista que supera los 1.000 millones de euros, pero existe cierta desconfianza sobre él, ya que el comité de inversiones de la multinacional no acaba de darle luz verde. Se esperaba que este órgano de alto nivel, presidido por el consejero delegado, Aditya Mittal, ya lo hubiera hecho, sobre todo después de que la Comisión Europea desbloqueara las ayudas que requería el grupo, 460 millones de euros, y que el proyecto asturiano fuera el primero de todos los que tiene la multinacional en el continente en recibir este visto bueno de las autoridades de la Competencia.
Los sindicatos exigen a la empresa que plasme por escrito en el acuerdo marco su compromiso de abordar el proyecto. Pero la dirección nacional no lo contempla y tampoco ha planteado cómo se realizará el ajuste de personal que conlleva el plan verde, de cerca de un millar de trabajadores. Todo ello está generando una gran desconfianza.
Arcelor siempre ha condicionado la inversión a un acuerdo social amplio, que está lejos de alcanzarse. No ha habido apenas avances en relación al acuerdo marco en el año que lleva en marcha la mesa de negociación y parece improbable que en las dos reuniones convocadas para la semana que viene se puedan solventar las abismales diferencias que separan a una parte y a la otra. Ese es el margen que dan los sindicatos, que no ocultan su hartazgo por la falta de movimientos.
Pero, además, la empresa reclama la garantía de que sus nuevas instalaciones tendrán unos costes energéticos competitivos que hagan viable el desarrollo de la actividad, ya que la nueva acería disparará su consumo eléctrico y la planta DRI no usará cok y empleará gas natural hasta que se logre contar con hidrógeno verde suficiente.
Los dos requisitos parecen ahora insalvables. Igualmente, tanto Gobierno como Principado se muestran convencidos de que el proyecto saldrá adelante y confían en el compromiso firmado y ratificado por Lakshmi y Aditya Mittal, aunque solo como declaración de intenciones.
La situación ya era compleja antes del accidente en el horno alto, pero ahora lo es más, porque funcionaba como una especie de comodín. Las catas que se realizaron en el crisol antes de su arranque en febrero y que apuntaban a que estaba en mejores condiciones de lo previsto permitían pensar en alargar su vida útil si el plan verde tardaba algo más en materializarse. Los plazos de los fondos europeos tampoco permiten relajarse, ya que las obras deberían estar ejecutadas antes del final de 2026, pero con el horno alto en buen estado la urgencia, de alguna manera, era menos urgente.
Seguramente, ningún momento sería propicio para una avería así, pero este es especialmente complicado, porque además tras un año difícil, marcado por los altos costes energéticos y la debilidad de la demanda, se espera una recuperación del mercado que podría haber permitido consolidar la posición de las factorías asturianas hasta que el plan de descarbonización estuviera listo. Ahora serán otras plantas las que puedan beneficiarse de ese tirón del sector e, incluso, recibir contratos desviados desde el Principado. Tampoco es bueno que la multinacional haga ensayos de cómo funcionar sin media cabecera regional, por lo que pudiera descubrir.
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