Sepides entregará el documento de usos del suelo de las baterías de cok en julio

El plan de usos del suelo de baterías no se trata de un documento menor. Su contenido será el que defina el tipo de empresas que se podrán asentar en una parcela que contará con 230.000 metros cuadrados de nuevo suelo, 80.000 en viales y 40.000 en zonas verdes y equipamientos. La idea sobre la que se está trabajando es crear una normativa «muy flexible» y que las empresas del nuevo polígono tengan un «diferencial» con el resto en lo que a sostenibilidad y certificación verde se refiere.

Cristina Salazar fue muy clara a la hora de exponer lo que existe en la actualidad en este espacio: instalaciones industriales pegadas a un polígono y a la ría, cercanas a un centro cultural «al que va mucha gente» y a la propia ciudad. La directiva de Sepides señaló que los trabajos de mantenimiento de las baterías, que se encuentran «latentes» ante la necesidad de conservar depósitos con materiales peligrosos o drenar y descontaminar el agua de lluvia, tienen un coste de «250.000 euros mensuales», lo que da una idea de la dimensión de las actuaciones. «Claro que hay mucha prisa en demoler, queremos quitar un factor de riesgo que tenemos bajo control, pero que existe», afirmó ayer.

El proceso de demolición aún tardará en llegar. Una de las empresas que se presentó al concurso ha interpuesto un recurso contra la adjudicación que ha paralizado el proceso. Hasta que no se resuelva la reclamación judicial, no se podrá llevar a cabo la demolición. La previsión que maneja Sepides es que el Tribunal de Contratos haya resuelto en septiembre el conflicto. No obstante, y a pesar de que el proyecto ya acumula retraso «por circunstancias ajenas a Sepides», la entidad confía en que en el primer trimestre de 2024 el suelo esté disponible para las empresas. «Teníamos un cronograma muy ajustado en el tiempo por los riesgos y la necesidad de suelo», afirmó Cristina Salazar, que mantiene las previsiones temporales adelantadas en mayo a pesar de que el concurso de la demolición aún sigue sin estar resuelto.

La directiva de Sepides entró también en una de las polémicas que han alimentado la demolición de baterías desde que se puso en marcha el proyecto: el mantenimiento de alguno de sus elementos. Cristina Salazar señaló que «ninguno» de los edificios o instalaciones del viejo emplazamiento siderúrgico tiene condición de patrimonio. Un informe de octubre de 2020, afirmó Salazar, descarta que ninguno de los elementos que componen el conjunto pueda ser considerado como patrimonio histórico. No obstante, Sepides trabaja junto con el Ayuntamiento en la posibilidad de conservar un gasómetro o los almacenes generales. La directiva de la empresa pública arrojó algo de luz sobre este proceso y los costes derivados. Señaló que, tras consultarlo con ArcelorMittal, han conocido que solo pintar uno de los gasómetros tiene un coste de 2,5 millones de euros. A preguntas del público, la responsable de Sepides afirmó que la conservación de alguno de estos elementos debería estar ligada a su uso posterior como instalación industrial, y nunca a una mera función patrimonial.

Entre las previsiones que maneja Sepides, según explicó Cristina Salazar, está también la de iniciar en el mes de septiembre las tareas de comercialización de las parcelas, aunque aclaró que el proceso no será sencillo en una primera fase, ya que las empresas reclaman «certidumbre» cuando planifican una inversión.