«Sabíamos que perdían cinco millones al mes, pero vimos posibilidad de colaborar con Parter»

El proceso de venta de las sociedades que gestionaban las plantas de Alu Ibérica en Avilés y La Coruña fue un proceso complicado en el que estuvieron envueltas múltiples mercantiles de distintos países, desde España a Suiza, Alemania o el Reino Unido. A la operación de compraventa le siguieron una serie de acciones aparentemente tendentes a descapitalizar las sociedades, hechos ambos que investiga el Juzgado central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional.

A lo largo de los dos años que dura ya la investigación judicial se ha tomado declaración tanto a los imputados como a otras personas implicadas, en las que especialmente la Fiscalía trata de obtener respuestas sobre cómo se gestó la operación por la que, pocos meses después de haber adquirido las plantas a Alcoa, el fondo suizo Parter Capital transfirió las acciones al Grupo Industrial Riesgo por trece millones de euros que salían de las propias sociedades de Alu Ibérica, de unas pólizas de crédito que existían en el banco.

Tanto el nuevo propietario de las plantas, Víctor Rubén Domenech, como la que entonces era su pareja, Alexandra Camacho, que ejerció como directora ejecutiva de las mismas, sostienen que las plantas eran viables «con un proyecto industrial que se podía desarrollar» y gracias a «el respaldo de inversores que nos podían ayudar».

Pese a que «es un hecho notorio que ni se devolvieron los trece millones de euros ni aparecieron esos supuestos inversores, ni los financiadores, y que era materialmente imposible devolver semejante importe con los beneficios que se pudieran obtener de la sociedad hoy concursada sin realizar inversión alguna», tal y como sostiene el administrador concursal de la planta gallega, sus responsables -hoy apartados de la gestión por la Justicia- sostienen que si la empresa no salió adelante fue por la presión sindical y porque los proveedores no querían servirles, motivo por el cual se habría creado una central de compras con la empresa Logiplus que, como se ha demostrado, aplicaba unos sobrecostes que partían del 10% pero podían llegar a alcanzar porcentajes exorbitantes.

«Si hubiéramos querido desmantelar, el día 1 lo hubiéramos hecho, y duramos un año de ataques sindicales aguantando con el fin de sacar adelante las fábricas, y lo mantengo y lo sostengo , que las fábricas eran viables si nos hubieran permitido continuar sin tanta hostilidad», llega a afirmar Alexandra Camacho en una de sus declaraciones.

Por contra, el entonces presidente de Alcoa en España. Álvaro Dorado, sostiene que la oferta que había presentado el Grupo Riesgo cuando las plantas salieron a la venta en 2019 fue rechazada, tal y como ha publicado este diario, además de solicitar doscientos millones de euros a la multinacional, «estaba poniendo encima de la mesa un plan industrial que no tenía no pies ni cabeza».

Dorado sostuvo en la Audiencia Nacional que, entre los aspectos menos creíbles se encontraba la aparente facilidad con la que Riesgo aseguraba que iba a conseguir contratos de energía a precios muy competitivos, además de energía renovables. Riesgo planteaba transformar las plantas para que se dedicaran tanto a la producción de aluminio primario como secundario.

Las pérdidas, que ya eran importantes en los años previos a que Alcoa tomara la decisión de venderlas no hicieron más que incrementarse. En 2018, último año que cerró Alcoa, alcanzaban los setenta millones de euros. Domenech asegura que, cuando estaban en manos de Parter, con la electrolisis ya paralizada, «sabíamos que perdían cinco millones al mes». Aún así, defiende su interés en la compra de las instalaciones escudándose en las posibilidades del plan industrial.

LA VOZ ofrece un extracto tanto de sus declaraciones como de las de Alexandra Camacho en las que ambos tratan de explicar cómo se gestó la operación de compraventa y el pago de la misma.

• Temas
• Avilés