Maroto solo ve posible la entrada de la SEPI en Alu Ibérica si hay un administrador judicial

Así, en la reunión transmitió que existe un margen para la llegada de la SEPI, pero que el rescate público es una vía compleja y difícil. A pesar de todo, aseguró que el Gobierno no la ha descartado y que se ha encargado a la Abogacía del Estado que se analice la situación y todas las opciones de las que dispone el Gobierno central para evitar el colapso de Alu Ibérica.

Y es que, según sus palabras, la principal preocupación es el mantenimiento de la actividad y del empleo. En este sentido, en Madrid son plenamente conscientes de que el próximo 31 de julio vence el denominado periodo de protección. Bajo esa denominación, Alcoa englobó el plazo de dos años desde la firma con el fondo Parter Capital de la venta de las plantas de Avilés y La Coruña. Durante ese periodo, la multinacional financió el funcionamiento de las plantas con la suma de las indemnizaciones a los trabajadores pactadas en el plan social para el cierre de las plantas.

A partir del próximo 31 de julio, según el acuerdo de compraventa, posteriormente subrogado por el Grupo Industrial Riesgo, Alcoa ya no debería tener esa obligación. Y, con los actuales niveles de actividad, nada indica que la empresa generará los recursos suficientes para mantener los pagos.

Ahí se encuentra uno de los puntos que más preocupa a todo el mundo. El Ministerio de Industria ya trabaja sobre ese escenario para buscar una solución, aunque el marco legal no es sencillo. La posibilidad de rescate por la SEPI se encuentra muy limitada. La legislación de la Unión Europea es muy rigurosa a la hora de frenar posibles ayudas públicas que alteren el libre mercado. De ahí que, por ejemplo, la existencia de compradores que han formalizado su interés, como sucede en San Ciprián, frene ese camino.

Tampoco se puede ayudar a empresas sin la solvencia necesaria, ya que es una forma de evitar el auxilio de compañías que han quebrado por las condiciones del mercado. De ahí que una de las formas que se estudia es la posibilidad de esperar al nombramiento de administradores judiciales, trámite que está en manos de la jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional que instruye la causa penal sobre Alu Ibérica.

En diferentes autos, la jueza no ha descartado esa posibilidad, siempre ha recordado que se trata de una medida excepcional toda vez que implica privar, aunque sea de manera temporal, del derecho a la propiedad. La magistrada ha señalado que se adoptaría si se certificase la existencia de un riesgo real para la supervivencia de la empresa y en defensa de los derechos de los trabajadores, además de los intereses de los proveedores.

De esta manera, se evidenciaría que existen unas condiciones objetivas, derivadas de una gestión empresarial que se encuentra bajo un proceso judicial y que se trataría una intervención temporal. Sería la forma para convencer a las autoridades europeas de que no se trata de una ayuda de estado encubierta para alterar la libre competencia.

En esta línea, Reyes Maroto avanzó que la intervención pública también se podría producir si se declarase el concurso de acreedores. Aunque no es el mejor de los escenarios posibles, no se descarta por la evolución de la empresa y tendría su lógica, toda vez que en la actualidad los recursos generados por Alu Ibérica no alcanzan para todos sus gastos.

En la reunión también se manifestó que se estudiaba la posibilidad de una expropiación. Es uno de los escenarios que menos convence al gobierno y que se descarta por la complejidad de la medida. Entre otras cosas, la expropiación implicaría el derecho de los propietarios a ser indemnizados. En el actual escenario, esa posibilidad tan sólo aventura un escenario de procesos judiciales que tampoco seduce a nadie.

De cara al futuro, en la reunión del jueves también surgió el tema de los costes energéticos, que es una variable fundamental para esta actividad. Fue un tema que se planteó abiertamente ante Reyes Maroto. La ministra no dudó en defender el nuevo modelo tarifario, reconociendo los desajustes actuales pero avanzando que, en un plazo razonable, se reducirá el precio de la electricidad.