El ministerio veta la entrada de la SEPI en Alu Ibérica porque «se consideraría ayuda de Estado»

La intervención de Raúl Blanco se produce el día después de que la sala de lo Social de la Audiencia Nacional considerase que las condiciones del despido colectivo pactado en 2019 entre Alcoa y los comités de empresa de Avilés y La Coruña siguen vigentes después de que la multinacional incumpliese las condiciones de buscar un comprador solvente y con capacidad para desarrollar un proyecto industrial en ambas instalaciones.

Las declaraciones de Raúl Blanco, que aún no ha cumplido su compromiso de abril del presente año de reunirse con los comités de empresa de ambas fábricas, cierran tajantemente la puerta a la intervención pública y se realizan un día antes de la reunión que la ministra de Industria, Reyes Maroto, mantendrá con el comité de empresa de Alu Ibérica junto con el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el consejero de Industria del Principado de Asturias, Enrique Fernández.

La clave de la omisión del auxilio público se debe a que, en palabras de Raúl Blanco, «al ser una empresa en crisis se consideraría una ayuda de Estado por la Unión Europea» por lo que sería vetada. Además, con los actuales procesos judiciales abiertos, se debe ser «estricto y riguroso», por lo que cualquier tipo de medida de este tipo queda descartada.

«Entiendo el sufrimiento de las familias y todo lo que han luchado las alcaldesas de La Coruña y Avilés, pero la solución debe venir de Alcoa», aseguró el secretario de Estado de Industria, que aseguró que la multinacional estadounidense «está perdiendo su licencia moral para operar en España».

Así, Blanco reclamó a los ejecutivos americanos que «dejen de mentir y dejen paso a otros operadores serios y solventes, recordando que en su momento el Ministerio había reclamado las garantías en el proceso, recordando que en el pasado ya habían reclamado tanto a Alcoa como a los compradores la devolución de subvenciones concedidas por las deudas existentes.

Por su parte, el consejero de Industria del Principado de Asturias, Enrique Fernández, expresó ayer su satisfacción después de conocer la sentencia que «nos da la razón a lo que veníamos denunciando. Fuimos los primeros en levantar la voz y asegurar que los inversores no eran ni rigurosos ni solventes. Ahora, es un juez el que lo dice», aseguró ayer el consejero.

El consejero de Industria insistió en la responsabilidad de Alcoa en la actual situación, reclamando a la multinacional que «actué de buena fe y ceda las instalaciones a una empresa con capacidad de desarrollar un proyecto industrial solvente y que no nos la intenten colar como han hecho hasta ahora».

Por su parte, la directora general de Industria, Rosana Prada, se reunió ayer con el comité de empresa de Alu Ibérica. Prada transmitió a los dirigentes sindicales el apoyo del gobierno asturiano.