La Unión de Consumidores pedirá la devolución de las multas del radar de la Bolgachina anteriores a 2016

El presidente de la UCE, Dacio Alonso, ha subrayado que «en los procedimientos contra el mercado» no existe la prescripción, algo que sí ocurre en el caso de la Administración y que evidencia que «goza de privilegios frente a la ciudadanía».

Las multas de este radar instalado a la salida del túnel Ángel Uriel, en la autovía A-66 (Gijón-Sevilla), en la salida de Oviedo a León, conocido como túnel de la Bolgachina, son un ejemplo de ello, ha apuntado, ya que aquellos usuarios sancionados entre 2007 y 2016 por un radar con el que la DGT se estaba enriqueciendo «ilícitamente» no podrán recurrir al haber prescrito el delito.

Por este motivo, ha anunciado que la UCE pedirá al Ministerio de Consumo que lleve a cabo una iniciativa legislativa para suprimir estos delitos, que permitiría «reparar el daño» a los conductores multados por el radar de la Bolgachina antes de 2016.

Asimismo, la UCE solicitará a la DGT que, «de buena voluntad», abra un procedimiento extraordinario para la devolución de estas sanciones, aunque ha incidido en que no quiere generar «falsas expectativas» a los afectados porque la administración «no está obligada a reparar el daño a estos usuarios por ley» y no cabría posibilidad a recurso.

Alonso ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que también ha mostrado su «satisfacción» después de que la DGT atendiese las exigencias de la UCE en una semana. Sobre este asunto, ha recordado que su organización instó a la DGT a retirar el radar, a anular todos los procedimientos sancionadores desde su colocación y a iniciar de oficio las devoluciones de las multas sin necesidad de que reclamasen los usuarios, ya que de no hacerlo acudirían a los tribunales por un «presunto delito de prevaricación».

El presidente de la UCE ha celebrado que la DGT haya sobreseído los 15.844 expedientes sancionadores de este radar desde el año 2016, informando a todos los afectados por carta y solicitando un número de cuenta para realizar el ingreso de las cantidades. Por último, ha defendido la labor de la UCE en este tipo de procedimientos, ya que normalmente a los ciudadanos de a pie «no se les hace caso».