Transportes pide al auditor del fiasco ferroviario que rediseñe el sector para evitar otro escándalo

¿Cómo fue posible que un contrato de 196,3 millones de una empresa pública pudiese incurrir en ese error y quiénes, por acción y omisión, permitieron que no se solventara? Esas preguntas desataron partidas de ajedrez con diferentes tableros. Entre Renfe y Adif hubo intentos de echarse la responsabilidad encima. Las tertulias de los medios nacionales y la propia oposición cargaron contra el Gobierno central por el tema, llegando a mentir y dar por hecho que los trenes que no cabían por los túneles existían, cuando nunca habían pasado de la fase de diseño.

El gabinete de la ministra, Raquel Sánchez, fue tomando distancia del de su secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera. Y en el norte los presidentes del Principado y Cantabria, Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla, hicieron piña y lanzaron un órdago a Transportes, con declaraciones de alto voltaje y sentida ofensa; fuera de los focos sus equipos negociaban con el ministerio contraprestaciones para cerrar el escándalo y, de paso, diluir las dudas sobre la vigilancia que habían prestado a un contrato clave para sus comunidades. De no lograr lo pretendido, estaban trazados movimientos para un jaque a la ministra.

La presión llegó a su culmen el 20 de febrero. La ministra recibía a Barbón y Revilla para poner punto final y una hora antes del encuentro se filtraron las dimisiones del presidente de Renfe, Isaías Táboas, y la secretaria de Estado, Pardo de Vera, figura cuya continuidad había reclamado en público el presidente del Principado («no saben lo que nos jugamos si cae», llegó a decir). La partida era dura y las patadas bajo la mesa hacía tiempo que habían comenzado.

Horas de discusión a puerta cerrada desembocaron en los 'Acuerdos de la Castellana', un pacto con pocos precedentes. El ministerio reconocía que el contrato y el estado de las cercanías de Asturias y Cantabria merecían una disculpa y un trato diferencial, con un comisionado, un plan inversor, la compra de más trenes y la gratuidad del servicio al menos hasta 2026.

En la gestión pública, tan dada a la inercia, hay escándalos con una onda expansiva que sigue cambiando cosas mucho tiempo después. Es lugar común por ejemplo decir que en el Principado la cultura de la gestión de los contratos cambió tras el estallido del 'caso Renedo' en 2011, que aún hoy, trece años después, los altos funcionarios tienden más a ralentizar los procedimientos con tal de cumplir la norma al pie de la letra y sin riesgos.

Algo así pasa con el fiasco ferroviario. Sus consecuencias van más allá de las 31 unidades comprometidas. Raquel Sánchez encargó una auditoría interna para precisar los errores que dio lugar a un primer informe, fechado el 25 de julio. El dictamen sostiene que el adjudicatario, CAF, supo del error en el contrato antes de firmarlo y no lo habría advertido a Renfe y que la operadora pública no consultó a su personal especializado en el ancho métrico ni durante la gestión del encargo ni en la búsqueda de la solución al problema.

En total, el informe emite siete recomendaciones a Renfe, cuatro a Adif, cuatro a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y una al ministerio: «De las entrevistas realizadas se ha transmitido la posible necesidad de establecer mecanismos de información/comunicación respecto a cuestiones generales del sistema ferroviario, que hace años parecían existir dentro de un sistema más centralizado y con menos actores implicados, y que en la actualidad, tanto por la liberalización del sector y por lo tanto por la incorporaciones de nuevos actores, como por la separación de responsabilidades entre el administrador de infraestructuras y el prestador del servicio ferroviario, se harían más necesarios».

En base a ello aconsejó al ministerio consultar a los distintos actores implicados en el sector ferroviario para definir los objetivos y el formato de ese plus de coordinación que se ha echado en falta. En base a este punto en septiembre pasado la aún ministra Sánchez ordenó a sus auditores que ampliaran la pesquisa «para concretar la recomendación realizada a este ministerio de reforzar la coordinación de la actuación entre las entidades públicas Adif y Renfe, con la propuesta de instrumentos y mecanismos que podrían ser implantados».

Ese rediseño del sector ferroviario que abra espacios para la coordinación y evite malos entendidos y rivalidad es el que ahora recibirá el equipo del ministro Óscar Puente.