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El debate sobre la basura de los asturianos llegó hoy a la Junta General. Después de que EL COMERCIO revelase que el Consorcio de gestión de residuos (Cogersa) está dispuesto a pagar 16 millones al año a las industrias a cambio de que quemen el ... combustible hecho a base de desperdicios que producirá el próximo año, que el contrato por el cual ofrece el dinero permite que el material acabe en incineradoras y que el nuevo esquema implica una fuerte subida de tarifas al ciudadano, la oposición pidió explicaciones a la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí.
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La titular del departamento y previsiblemente desde mañana nueva presidenta de Cogersa hizo su diagnóstico de la situación. Según recordó el Plan de Residuos en vigor (el 2018-2024) fue el primero que descartaba que el consorcio levantara su propia incineradora. En su lugar apostaba por construir una planta de basura bruta, que empezará a operar en las próximas semanas, tras un coste de construcción de 62 millones. A esta instalación irán las 350.000 toneladas anuales que los asturianos arrojan al contenedor de desperdicios mezclados, también denominado el de la bolsa negra. Hasta ahora ese material se enterraba en el vertedero, con un coste de gestión muy reducido. En las próximas semanas todas esas basuras pasarán por la nueva planta, donde se abrirán, recuperarán los plásticos y metales; al resto se lo someterá a procesos de cribado y secado.
«En total estimamos que salgan 80.000 toneladas de materiales recuperados, que es el objetivo, 40.000 toneladas de bioestabilizado, 90.000 de rechazo a vertedero y 150.000 de Combustible Sólido Recuperado (CSR)», cifró Roqueñí. En etapas anteriores la construcción de la planta fue descartada o rechazada por su moderada capacidad de recuperar materiales; eran épocas en las que la tecnología existente apuntaba a que no se podía reciclar más de un 10% de lo que entraba. Por los datos ofrecidos por la consejera, la que estrenará Cogersa, la más moderna del país, lograría recuperar de manera directa un 22,8% de las toneladas entrantes, saliendo a vertedero el 25,7%. El resto son productos a los que hay que buscar salida. «Se tiene que producir un aprovechamiento por parte del sector empresarial, que es quien puede aplicar los criterios de economía circular que prima la legislación nacional y europea», indicó la consejera.
«Venimos de un modelo barato, que es ese vertedero, pero conforme nos aprieta la legislación tenemos que ir cambiando a modelos que son más caros. Recuperar los materiales de la basura nos va a costar más caro y valorizar los materiales cuando no tenemos una infraestructura propia va a tener un impacto en el precio. Tenemos que estudiarlo con los ayuntamientos», previno la consejera. Por ahora se trabaja con previsiones sobre el coste final que tendrá el uso de la planta de basura bruta, toda vez que queda por analizar la calidad del combustible que va a producir, la cantidad exacta que saldrá (oscila entre las 150.000 y las 160.000 toneladas) y lo que finalmente se pagará a las industrias o incineradoras de fuera de la región que se interesen por quemar ese material.
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«Ya hay números que se pueden dar», esbozó la consejera. «Cogersa ha contratado a Tragsa por nueve millones para que ponga el personal necesario para operar la planta», recordó. «Si al final el concurso se resuelve en los 100 euros por tonelada que ofrece el concurso del CSR, el coste de su tratamiento sería de entre 15 y 16 millones», siguió. La instalación ha supuesto una inversión de 62 millones, por lo que tendrá «entre tres y cuatro al año de amortización». El su techo se ha puesto una instalación fotovoltaica para reducir la factura de la electricidad, pero aún con todo se espera que pase de los dos millones. «Estamos hablando de un coste de explotación de la planta del entorno de los 30 millones al año», concretó la consejera. De confirmarse esa cifra, a Cogersa le costaría tratar cada tonelada de basura mezclada que arrojan los ciudadanos unos 85,7 euros. El pasado año cobraba a los ayuntamientos solo 24,5 por un procesamiento que consistía en arrojar esa materia al vertedero y enterrarla.
«Ya no se puede depositar en vertedero el residuo sin tratar. Es una obligación de la UE y esto es la alternativa que hay a pagar multas millonarias. Incluso si tuviéramos un vertedero infinito no podríamos seguir echando la basura sin tratar. No queremos pagar multas millonarias de la UE. Esto no es Sicilia», defendió Nieves Roqueñí. La consejera recordó que la voluntad del Principado es incluir en el próximo presupuesto autonómico ayudas a los ayuntamientos en función de cuánto reciclen, un auxilio financiero que amortiguaría un incremento de tarifas con letra pequeña.
Hasta ahora Cogersa no carga a los ayuntamientos el coste íntegro que lleva la gestión de los desperdicios ni éstos lo trasladan en su totalidad al ciudadano. El consorcio aprovecha el dinero obtenido por la venta de papel, envases y vidrios para rebajar su precio final, y los consistorios hacen lo propio. «La Ley de Residuos marca que en 2025 se deben trasladar a los ciudadanos los costes reales. Tenemos un cierto margen temporal para ajustarlos», indicó la consejera, quien recalcó el mensaje que históricamente lanza el Principado a los contribuyentes. «La mejor decisión de cara a que los ciudadanos paguen menos es disminuir el peso de lo que arrojan en la bolsa negra», dijo.
Hecho el diagnóstico de cómo hemos llegado aquí y el por qué de la subida de tarifas que se viene, sigue quedando una cuestión por resolver. ¿Cuál será el destino del combustible hecho con basura? A corto plazo, Roqueñí se mostró «optimista» con el concurso lanzado por Cogersa. Según reveló Hunosa participó de una consulta previa al mercado, ofreciéndose a quemar parte de ese material en La Pereda. «La autorización que tiene y que es la máxima viable le permite quemar un máximo de 40.000 toneladas de CSR mezclado con biomasa; esa sería la cifra máxima y la empresa debe hacer inversiones, por lo que no está en disposición de tratar inmediatamente el material», dijo. Es decir, la central consumirá a futuro y como máximo un 27% del material. El destino más probable para el resto, si el precio interesa a las empresas, pasa por cementeras en Asturias y otras industrias fuera de la región, entre las que se incluye procesos de coincineración.
La consejera instó a la oposición a poner las luces largas y participar en la elaboración de un nuevo plan de residuos, 2025-2030, que de otra solución al CSR. «Lo que tendríamos que tener es una solución propia, de Cogersa o con iniciativa público-privada, peso ese es el debate serio y riguroso que debemos hacer», anticipó. «Invito a debatir sin apriorismos sobre lo que debemos construir en los próximos años», insistió, dejando clara cuál es su posición. «Hay que ir dando soluciones que pasan por la valorización química», un sistema del que, según reconoció, hay ahora tecnologías viables pero no desarrollos industriales a gran escala que las apliquen. «Cogersa tiene capacidades enormes para hacer frente a cada nuevo reto», situó.
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