La nueva planta de Cogersa triplica el coste de tratar la basura no reciclada

El ciudadano paga la tasa de basura, acude al contenedor y deja en él los desperdicios de su hogar. Lo que pasa luego depende de un sistema en el que se cruzan normativa, evolución tecnológica y presiones ideológicas. Es un ecosistema complejo que está a punto de vivir momentos de tensión política y financiera.

Los dueños de Cogersa son los 78 ayuntamientos y el Principado. El martes se reunirán para elegir presidente (suele ser el consejero del Principado) y comisión delegada. En las siguientes semanas tocará volver a verse para votar el borrador de las tarifas que cobrará a los ayuntamientos en 2024. Ahí está el lío.

El pasado año Cogersa pedía a los ayuntamientos 24,5 euros por cada tonelada de desperdicio que llegaba desde el contenedor de la basura mezclada. Cogersa cogía el material y lo echaba directamente al vertedero.

Este año la tarifa oficial subió a 67 euros, con truco. La entidad se ve en la obligación de añadir al coste de gestión un impuesto del Gobierno central que es de 40 euros por tonelada que llega a vertedero sin tratar. El tributo se lo da a la Agencia Tributaria, que luego entrega los fondos al Principado, teniendo libertad para hacer con ellos lo que quiera. El Gobierno regional decidió utilizarlos para evitar a los ayuntamientos el golpe, así que usa esa aportación para subvencionarles la subida de precio. De esta forma al final los consistorios vienen a pagar este curso un poco más de lo habitual.

La cosa en 2024 cambiará. Entrará en funcionando la planta de basura bruta, instalación que recibirá ese residuo mezclado, rescatará lo que sea reciclable y al resto lo someterá a procesos de cribado y secado. El resultado se llama Combustible Sólido Recuperado (CSR). Saldrán de 150.000 a 160.000 toneladas. Como su poder calorífico es pobre, Cogersa acaba de licitar un contrato en el que se ofrece a pagar hasta 100 euros por cada tonelada que se lleven las industrias capaces de echarlo a sus calderas.

En total, Cogersa estima que tendrá que desembolsar un máximo de 16 millones al año para que le retiren el CSR. A ello se suman los nueve millones que pagará a Tragsa para que se encargue de poner plantilla y consumibles en la planta de basura bruta. Además hay un mínimo de 35.000 toneladas de rechazo del proceso que se arrojarán al vertedero, generando un impuesto esta vez de 30 euros por tonelada. Sume el lector a esto alrededor de 1,57 millones al año del consumo eléctrico de la instalación.

Al final a Cogersa se le puede ir el coste operativo de la planta a los 27,57 millones al año. De dividir ese esfuerzo entre las 350.000 toneladas de basura mezclada que entregan los ayuntamientos, sale un coste de 78 euros por cada una de ellas. Es más de tres veces lo que cobraba en 2021. Un matiz. La entidad usa los beneficios que logra vendiendo el material reciclado para aplicar a los ayuntamientos una tarifa por debajo del coste de gestión. Con todo, confrontar los 78 euros de coste de 2024 con los 24,5 euros de tarifa de 2022 dan una idea de la subida que se cierne sobre los ayuntamientos.

Sin tener esos números acotados los plenos municipales están aprobando en las últimas semanas subidas de la tasa de basura que, todo indica, se pueden quedar cortas. Siero justificó su incremento aludiendo solo a los 40 euros por tonelada del impuesto del vertido. Gijón a un encarecimiento del proceso previo a la planta de basura bruta.

Queda por resolver la incógnita de si el Principado volverá a reservar de su presupuesto dinero para amortiguar la factura municipal. También si finalmente hay industrias que se lleven el CSR a sus calderas. Caso de que el concurso quede desierto, Cogersa puede almacenar un máximo de dos años el material. Pasado ese tiempo está obligado a arrojarlo al basurero, pagando de nuevo el impuesto por vertido de 30 euros por tonelada.

He ahí una verdad incómoda. Cogersa se dispone a pagar hasta 16 millones al año a las industrias para que aprovechen ese combustible, pero económicamente le sale más barato arrojarlo al vertedero, lo que solo le exigiría 4,5 millones en impuestos.

Sería un resultado menos gravoso, pero ineficiente. Cogersa acaba de invertir más de 60 millones en una planta de basura bruta y gastará una millonsada en tenerla activa, un esfuerzo mayúsculo que busca evitar que ese material muera en el basurero. Sería absurdo que al final ese siguiera siendo el destino, pero, si algo tiene la política de residuos, son episodios que ya han rozado lo irracional.