El preso 'resucitado' exigirá una indemnización a la administración por los daños sufridos

«Tiene daños y perjuicios que le han salido de esto», afirmaba su padre, José Carlos Montoya. «En la cárcel estaba fuerte, como un toro. ¿De dónde le ha salido ahora la neumonía?», indica. «Cuando se aclare si la responsabilidad ha sido de la administración o de un particular» será el momento de precisar la jurisdicción en la que se actuará, aclara Tuero. «Alguien la cagó, no puede ser que a una persona la metan en una bolsa estando vivo; hay un funcionamiento anormal de la administración, como cuando te rompes la pierna por una mala baldosa. Además está el daño a la familia por el disgusto», agrega.

Instituciones Penitenciarias tiene cierta responsabilidad sobre lo que ocurre con los presos que tiene a su cargo. Entre 2005 y 2016, el organismo dependiente del Ministerio del Interior recibió 40 reclamaciones de indeminización por hechos sucedidos en la prisión asturiana. En vía administrativa se vio obligado a pagar 467,18 euros, mientras en la contenciosa se abonó 148.923 por los perjuicios causados a presos y familiares.

Con todo, el derecho a cobro admite debate. En 2010, el Tribunal Supremo marcó un precedente en el que desestimó el pago a los deudos de un preso que murió por sobredosis. La prisión fue eximida de la responsabilidad en el hecho al entender que sus deberes los había cumplido al ofrecer en su momento al interno programas de desintoxicación. Adelantándose a las explicaciones que tendrá que dar, Instituciones Penitenciarias mandó ayer desde Madrid a un inspector y un profesional de la subdirección sanitaria. Su misión es verificar qué falló para que tres médicos dieran por muerto a Montoya. Tomaron declaración a una decena de funcionarios, entre los que se cuentan los dos vigilantes que entraban en el turno de guardia en el módulo 8, los que salían, los jefes de servicios de ambos relevos, los dos médicos que atendieron al interno y los enfermeros.

«Los facultativos están tranquilos, son profesionales de larga trayectoria que acataron a rajatabla los protocolos; estamos ante un caso nunca visto y no se podía hacer más», mantiene Luis Miguel López, del sindicato Csif. «Los funcionarios de interior también actuaron de la misma forma y diligencia», abunda.

En las últimas horas surgen catedráticos y especialistas apuntando a la posibilidad del error. «O se está muerto o no se está muerto, y se puede averiguar con una sencilla maquinita que lleva cualquier ambulancia», indicó por ejemplo Jesús Ruiz, neurólogo del Hospital Vírgen de las Nieves de Granada. Se refiere al electrocardiografo, que se puede comprar desde 70 euros, y del que dispone la propia penitenciaria.

«Es fácil hablar ahora, pero cuando ya hay unos signos evidentes de muerte, y aquí los había, lo que recomienda la medicina legal es no tocar nada de la celda ni del interno, intervenir lo mínimo y dejar paso al forense para que no encuentre ninguna prueba manipulada», defienden otros compañeros de los sanitarios.

Las diligencias prosiguen mientras Gonzalo Montoya se repone en la UCI del HUCA. «Les médicos le ven bien, continúa para arriba», comentaba su padre, José Carlos Montoya. «Le han quitado una vía, mantiene la ayuda para respirar y la máquina que le quita líquido del cuerpo», describe. Según indica, el reo le reconoció que la noche de autos había intentado quitarse la vida. «Tiene claustrofobia, nervios, y lleva tres años encerrado sin un permiso», lamenta.

«No tiene delitos de sangre, está preso por pequeños hurtos de chatarra para alimentar a sus cinco hijos, tiene arraigo aquí y ha cumplido buena parte de la condena. Vamos a pedir el indulto como forma de repararción de esto», argumenta Luis Tuero.