Asturias lleva desde 2009 dejando sin aplicar parte de sus planes contra incendios

Toca actuar de cara a la próxima oleada. Aprender y gestionar. El problema tiene causas diversas, no admite fórmulas mágicas, pero sí un rosario de soluciones que hasta ahora han quedado en el papel, y un compendio de ineficacias que urge corregir.

Planes de prevención

El presidente del Principado, Adrián Barbón, promete para la próxima legislatura reformar la Ley de Montes, aprobada en 2004 y con modificaciones puntuales desde entonces. Pasaría a denominarse «Ley de Montes y Prevención de Incendios».

Elevar a rango de ley las medidas contra el fuego lo aconsejaron los expertos al Principado hace 14 años. La primera medida de la Estrategia Integral de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales 2009-2012 era la «redacción de una normativa regional específica en materia de incendios forestales» que no se hizo. La 2013-2016 se limitó a proponer una «adaptación de la normativa regional en materia de incendios forestales», sin correr mejor suerte. Paradójicamente la estrategia en vigor, para el periodo 2020-2025 desaconsejó ir a una norma con rango de ley y apostaba en cambio por los decretos para «abordar los problemas más urgentes ya que sería más sencillo de tramitar».

Que no se haga la ley cuando se propuso y se plantee cuando se desaconseja no es algo puntual. En las estrategias abundan ideas sin materializar de las que se vuelven a hablar. Estos días el Gobierno habla de reducir la carga forestal en el «interfaz» de las poblaciones, esto es sus inmediaciones. El plan 2006-2007 prescribía medidas para la «disminución del riesgo de incendio en el interfaz urbano-forestal y entornos periurbanos». La estrategia en vigor instaba a aprobar entre 2021 y 2022 una normativa sobre el interfaz «regulando los usos y estableciendo los deberes, obligaciones tanto de los particulares como de las administraciones y definiendo con claridad las cuestiones de responsabilidad y subsidiariedad en la ejecución de las acciones» de autoprotección frente a los incendios.

El plan de choque de esta semana apuesta por dotar a los pueblos de medios de extinción y formarles en su manejo. La estrategia 2020-2025 fijaba como prioridad hacer planes de autodefensa municipal, empezando por los concejos del suroccidente, tarea que debía ser continua desde 2021. Sólo se hizo un ensayo en el Alto Narcea-Muniellos.

Por encargo del Principado las estrategias las redacta el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). Los especialistas entregan para cada periodo documentos amplios, diagnostican dónde hay más incendios, cuánto se tarda en sofocarlos, paquetes de medidas e indicadores para evaluar los avances. Es un trabajo sólido, pero no vinculante, punto débil que explica que parte de las ideas queden en el papel.

La estrategia 2009-2012 propuso 42 medidas «sin que, al final del periodo de vigencia se produjera ninguna mejora significativa», reconoce su evaluación. La 2013-2016 tenía 39 medidas y aunque «establecía unas buenas bases para la orientación de las políticas públicas, su grado de ejecución ha sido realmente escaso debido en parte al periodo de crisis económica y recortes presupuestarios en el que se desarrolló, pero también por la falta de una tramitación adecuada y de una aprobación formal y la ausencia de compromisos presupuestarios». Así lo especifica su sucesora, la estrategia 2020-2025, que corre suerte parecida.

Galicia

La comunidad vecina se dotó de una primera ley contra incendios en 2007 que ha ido actualizando. Faculta a su Consejería de Medio Rural a ordenar a los propietarios de fincas cercanas a los pueblos y caminos a que desbrocen. En Asturias, aunque formalmente existen obligaciones similares los consistorios, responsables en el ámbito municipal, se encuentran sin fondos ni herramientas legales para forzar al particular.

La Xunta cubre ese hueco vigilando, notificando y apercibiendo a quien no limpia (el pasado año emitió 250.000 avisos), impone multas y en último extremo interviene, limpiando y pasando la factura. Desde 2018 tiene un convenio con su federación de municipios. Donde hay alta recurrencia de incendios ofrece a los particulares una tarifa bonificada para asumir los desbroces.

Videovigilancia

La estrategia asturiana cerrada hace casi tres años apuesta por usar cámaras y drones para controlar los montes y persuadir al incendiario. Prescribe que cada año se haga un informe analizando el resultado y ampliando el monte cubierto con tecnología.

El único paso dado fue comprar, por 2.974 euros, unos drones. Lo hizo Medio Rural, en el segundo trimestre de 2022 y, según la consejería, se está a la espera de suscribir seguros para que los usen los agentes forestales, no solo sus jefes. En este tiempo la Xunta invirtió dos millones en una red de 88 videocámaras con las que vigila 1,5 millones de hectáreas desde un centro de control similar al que usa la DGT.

El método asturiano

Para tener más personal contra los incendios el SEPA sacaba un contrato plurianual de 1,2 millones por ejercicio. Le permitía contar con 140 operarios de empresas y cooperativas forestales, repartidos en 35 cuadrillas. El hoy gerente del SEPA, Óscar Rodríguez, explicaba en 2016 en 'Asturias Semanal' que «el sistema implantado en Asturias trata de evitar que no haya la menor duda de que las personas que participan en la extinción pueden provocar los incendios. A diferencia de otras comunidades, las cuadrillas están contratadas todo el año, cobran lo mismo, tengan mucho o poco trabajo»; «les beneficia» que no haya fuego.

El contrato expiró en mayo. El plan anual del SEPA preveía licitar en junio de 2022 otro, por 5,7 millones, para tres años prorrogables en otros dos, pero sigue sin licitarlo. La explicación a los afectados es que Intervención pone problemas, que hay que publicar en el boletín de la UE un anuncio que sigue sin salir.

En esta oleada el SEPA reclutó de urgencia a algunas cuadrillas, encontrando con que otras no estaban disponibles. ¿Habrían sido distintas las cosas? «Una labor que cubríamos con el contrato marco es hacer de retén, cuando está controlado el incendio nos quedábamos vigilando para que no reactive y los bomberos van a otro foco», dice Gabino Parrondo, de la Asociación de Empresas de Selvicultura (Asymas).

Un ejemplo, el gran incendio de Valdés. Los bomberos lo dieron por extinguido el día 28 y pidieron al guarda que se pasara al día siguiente. El agente confirmó la extinción a las 11.37. A las 16.59 los vecinos avisaron de que volvía a arder. «Nosotros ahí podríamos haber hecho de retén. Es fácil que el fuego quede latente bajo tierra o en un tocón; a lo mejor ni humea, pero cuando vuelva a soplar el viento se regenera», indica Parrondo.

La estrategia en vigor pedía consolidar este ejército de reserva en la extinción y, con un sistema de contratación «similar al empleado por el SEPA», encargar también a cooperativas y empresas trabajos de prevención «a lo largo de todo el año».

Quemas menguantes

Una constante de las estrategias pasa por pedir la simplificación de los trámites para las quemas controladas, evaluar su resultado, formar a personal en esta técnica y hacerla accesible. «No podría llegar a ser la principal herramienta para el mantenimiento del paisaje o la mejora de los pastos», matiza el documento en vigor, que, con todo, sigue pidiendo avanzar en esa línea.

La diputada del PP Cristina Vega pidió a Medio Rural una estadística sobre el tema que constata cierta regresión. En 2015 se registraron 102 solicitudes de quemas, hubo 72 autorizaciones y otras tantas llevadas a cabo. En 2021 las peticiones eran de menos de la mitad, 43, los permisos se quedaron en 38, y las quemas ejecutadas fueron 14. Los datos se entregaron el pasado octubre; solo iban 10 peticiones, 11 permisos dados y cinco ejecutados a lo largo de 2022.

«La burocracia es el mayor problema. Nos encontramos situaciones en las que no se ejecutan las quemas porque se van suspendiendo continuamente», aprecia Vega. «Este método es uno de los mejores cortafuegos; la zona quemada no vuelve a arder», incide. La diputada coincide en pedir, como la estrategia en vigor, implicar a las empresas forestales en estas acciones.

En su memoria de 2016 la Fiscalía ya dejó «apuntada la aparente incapacidad para la gestión de quemas controladas por parte de la Administración, lo cual, dada la etiología de los incendios forestales en el Principado, podría suponer un gran avance en materia preventiva». La mayoría de los acusados en sede judicial de provocar incendios son ganaderos que buscan generar pasto. El análisis de la fiscalía es que dar una alternativa legal reduciría los incendios.