La huelga de la ITV asturiana se enquista

Tampoco en el lado opuesto de la mesa de negociación se percibía optimismo, después de que el viceconsejero de Industria, Isaac Pola, se enterase del resultado. Fue duro en su valoración Pola, que dio por «automáticamente retirada» la oferta del Principado y remitió cualquier decisión o negociación posterior al Consejo de Gobierno. No hay que olvidar que el presidente del Principado abrió, durante las negociaciones, la posibilidad de «cambiar el modelo» de la prestación de un servicio que, hoy por hoy, se presta por empresas públicas en monopolio solo en Asturias, Andalucía y recientemente también en Valencia.

Desde el Gobierno regional se hizo ayer un llamamiento a la responsabilidad «para no convertir a los ciudadanos en rehenes del conflicto, que bastantes trastornos están sufriendo ya». «Después del esfuerzo de negociación hecho, hasta alcanzar el máximo posible, prolongar la huelga no tiene sentido», insistían desde el Ejecutivo regional.

Isaac Pola, el hasta ahora negociador por parte del Principado, estaba decepcionado. Subrayó que la oferta rechazada es «lo mejor que podemos hacer en el marco legal establecido» por las leyes presupuestarias del Principado y del Gobierno central, e indicó que su margen de negociación se agotó: cualquier cesión adicional a la plantilla «corresponde a una instancia superior, que es el propio Gobierno. Será la instancia superior la que decida qué es lo que corresponde aplicar a partir de este momento», afirmó, lamentando que «es una oportunidad perdida. La negativa a esta plataforma supone la retirada de la oferta por parte del Principado y a partir de ahora habrá decisiones de ámbito superior», esto es, a nivel de Consejo de Gobierno. O del propio presidente del Principado.

Pola, por lo demás, dio su versión de lo ocurrido, que calificó de «oportunidad perdida» por la «decisión» de la asamblea de trabajadores. El viceconsejero recordó que «habíamos llegado a un acuerdo que implementaba medidas que atendían de forma inmediata algunas de las reclamaciones por parte de la plantilla y permitían la recuperación del servicio en sus términos habituales», y que, además «dejaba abierta la puerta a la negociación de medidas adicionales, que no podían ser implementadas de forma inmediata pero que sí se contemplaban en el ámbito de la propia empresa».

En particular, y sobre el «principal motivo de la huelga», Pola recordó que «en el tema de las categorías profesionales teníamos un acuerdo según el cual se va a completar un estudio a finales de febrero que establecería la referencia sobre la que discutir para su aplicación inmediata, en cuanto hubiera un visto bueno por parte de Función Pública».

También aludió a que «en cuanto a la contratación de personal, habíamos habilitado un procedimiento que permitiese la participación de la parte social en el diseño de las bases de contratación de nuevo personal».

La reducción de la jornada semanal de las 37,5 horas actuales a las 35 se aplicaba, a partir del 1 de mayo, siempre que la plantilla elevara la productividad. Está en unos 13,5 vehículos revisados al día por trabajador y se exigía subir a 14,5, esto es, uno más dentro de una jornada acortada. Según detalló ayer el Principado, el promedio por hora y trabajador de ITVASA es ahora de 1,8 vehículos revisados y el del sector está en 2,4. Pola defendió que vincular la reducción de jornada a la productividad «facilitaría superar los límites impuestos por las leyes presupuestaria».

Insistió en que donde no es posible hacerlo es en los incrementos retributivos como la paga de antigüedad. En este punto «no hay ningún acuerdo porque es manifiestamente ilegal su aplicación», dijo el viceconsejero. Y resumió: «Los dos aspectos de mayor discrepancia en cuanto a su inaplicabilidad son la antigüedad y la contratación de personal. Esta reflexión fue clarísimamente trasladada a los trabajadores. Son dos medidas con limitaciones legales, como empresa del sector público, a consecuencia de lo establecido enla vigente ley de Presupuestos del Principado para 2024 y la Ley de Presupuestos del Estado de 2023».

Añadió que en esas normas «se establece que no es posible la contratación de nuevo personal a no ser que venga acompañado de la habilitación de nuevas líneas de producción o de nuevos centros de trabajo y que no es posible el incremento de la masa salarial, y por tanto no es posible el reconocimiento de la antigüedad».

Por otra parte, Pola sacó a relucir que «se han aprovechado por parte de la empresa todas las posibilidades que ofrece la ley en cuanto a estabilización y reposición de personal. De hecho, entre 2023 y 2024 se han habilitado y se habilitarán 45 contrataciones nuevas», y a eso añadió que «el nivel de temporalidad habrá pasado del 28,3% a finales del 2022 a una tasa inferior al 1% a finales de 2024».

No gustó esta argumentación a los representantes de los trabajadores, que respondieron que «no van a contratar, lo de los contratos de que habla Pola es una estabilización, pero reconocen que no van a contratar a nadie más para aumentar plantilla», pese a la reciente creación de la estación de ITV de Granda, en Gijón.

Por otro lado, el viceconsejero subrayó el tono crítico al recordar que «por ese motivo, a iniciativa de la propia compañía y enganchando con una solicitud de UGT se habilita ese complemento de compromiso, vinculado al cumplimiento de un objetivo, que no nos parece una cuestión especialmente grave o dificultosa en su habilitación, estar en una tasa de absentismo inferior a 2,5 veces la media del sector. No me parece que sea una cuestión especialmente gravosa y lo hemos hecho por una cuestión legal: la habilitación de nuevos complementos retributivos viene vinculada a la mejora o cumplimiento de algún objetivo». El absentismo de ITVASA está, según el Principado, en el 5,3% (subió al 9,62% en enero) y el del sector en el 2,27%.

No es posible, según el viceconsejero, seguir negociando puesto que «los dos aspectos en los que existe una imposibilidad de acuerdo lo son por una cuestión legal, como empresa del sector público», anotó, y recordó a la plantilla que «la pertenencia al sector público tiene sus ventajas, evidentes, pero también sus desventajas en cuanto a una estricta regulación legal», sin olvidar que «se habilitó la posibilidad de negociar este otro complemento y se dejaba abierta la puerta a mejoras negociables en el ámbito de la empresa».

En resumen, según el viceconsejero de Industria, «se había planteado nuestra mejor oferta posible en el marco legal que es de aplicación, que contenía medidas de aplicación inmediata, de aplicación en dos meses y de posterior implementación, dejando abierto ese marco de negociación en el ámbito de la propia empresa y siempre con la perspectiva de la recuperación de la normalidad del servicio para toda la ciudadanía».

Y remató Pola recordando que «el Gobierno del Principado ha hecho un esfuerzo que entendemos que es la mejor que podemos hacer en el marco legal establecido, el cual no podemos obviar».

No gustó a los trabajadores la respuesta del viceconsejero. El portavoz, Marcos Llorente, expresó que «el Principado debe sentarse lo antes posible para resolver el conflicto, pero tomándoselo en serio, no riéndose de la plantilla por no querer ofrecer lo que sí le da al resto de empresas públicas, incluso las que pierden dinero».

En todo caso, se entra en una fase diferente de la huelga. Llorente, por ejemplo, indicó que «creo que no procede convocar concentraciones en Oviedo, porque eso es para llamar la atención y el tema ya es recurrente en Asturias».

Por otra parte, fuentes cercanas a la consejería expresaron que hubo, además de la votación en asamblea, otra telemática en la que habrían votado 88 trabajadores, de los que 74 habrían avalado el acuerdo y solo 14 habrían apoyado seguir en huelga.

El comité de huelga respondió que la única votación válida «es la de la asamblea» (124 a favor de seguir la huelga, 28 en contra y uno en blanco) y que «fue UGT quien propuso una votación telemática a las cuatro de la tarde. A las cinco envió un enlace, no sabemos a cuántos ni a quiénes, si la votación fue secreta, o si quien votó en esa consulta también votó en la asamblea. Es un intento de enredar, opaco y ridículo», expresaron, a la vez que acusaron a UGT de estar «compinchado» con la Viceconsejería de Industria.