Menos dinero a Asturias, menos pensiones o más IRPF: la consecuencia del pacto con ERC

El acuerdo implica la salida de Cataluña del régimen común, que recaude todos los impuestos y luego ceda una partida para financiar los servicios que el Estado presta en su territorio además de una cuota solidaria con el resto que estaría limitada al principio de ordinalidad. Este criterio implica que el sitio donde más dinero se recauda debe ser también el que más presupuesto por habitante disponga, el segundo que más pague el segundo con más presupuesto y así sucesivamente. El documento señala que si en 2025 no se ha empezado a aplicar esta reforma toca compensar la financiación catalana.

En 2022 el Estado recaudó «algo más de 30.000 millones en impuestos generados en Cataluña que pasarían íntegramente a la Generalitat con el sistema de concierto», indica De la Fuente.

El experto hace diversas estimaciones en función del cupo que luego Cataluña aporte a la caja. Según estas, al final se daría «un trasvase anual de entre 6.600 y 12.300 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana». Gracias a ello la financiación catalana mejoraría entre un 25 y un 50%.

«Esto permite visualizar de dos formas alternativas los costes del cambio de sistema para el resto del país», explica. «Si el Estado recurriera a una subida del IRPF para compensar la pérdida de recursos sin afectar a la financiación autonómica o reducir su gasto», tendría que incrementar un 14,75% la recaudación del tramo estatal en el supuesto de que Cataluña recorte en 6.600 millones su aportación. Si lo hace en 12.300 millones la recaudación debería subir en un 29,5% «en lo que queda de territorio común».

«Si en su lugar optase por aceptar la caída de ingresos y la trasladase íntegramente a la financiación de las demás comunidades autónomas» ese presupuesto se vería reducido en un 5,4%, caso de reducción de la aportación catalana de 6.600 millones, y del 10,7% si sube a 12.300.

«Si nos tomamos la ordinalidad en serio», además de mejorar el presupuesto de Cataluña tocaría hacerlo con Madrid y Baleares, las otras dos donde también se pagan impuestos que financian los servicios de otros territorios. «El coste de generalizar la ordinalidad en la parte superior de la distribución sería de 1.461 millones en el caso de Baleares y 11.538 en el de Madrid».

Extender el sistema catalán al resto de comunidades «costaría entre 31.000 y 62.000 millones adicionales. Un pico», valora.

«El dinero que se quiera destinar a mejorar la financiación catalana (y la de otras comunidades, en su caso) tendrá que salir de algún sitio», razona. «Si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos».