El sistema que ERC pide cambiar da a Asturias 847 millones más de lo que paga en impuestos

El 'think thank' que lidera el economista asturiano Ángel de la Fuente procesa los datos de una manera muy específica: se fija en los fondos que recibió cada comunidad para financiar las mismas competencias (entre ellas la Sanidad y la Educación), dejando al margen los suplementos que llegan a algunas por servicios que el resto sigue sin haber asumido (como las cárceles o la justicia). El ejercicio deja fuera también lo que cada ejecutivo autonómico hizo con su capacidad normativa, esto es, la facultad de subir o bajar tributos dentro de un determinado rango.

Esas premisas estandarizan los flujos financieros y facilitan la comparativa. El resultado para 2022 es que las empresas y particulares de Asturias pagaron 2.886 millones, fundamentalmente a través del IRPF (1.112), el IVA (812), los impuestos especiales salvo el de electricidad y matriculación (265). El resto procede de sucesiones, donaciones, tasas del juego e impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Ese dinero fue al régimen común (en el que están todas las comunidades, salvo País Vasco y Navarra), caja que se nutre de la recaudación de estos tributos pero también de las aportaciones suplementarias que le hace la Administración general del Estado. Una vez aplicadas todas las normas que ahora rigen el sistema el Principado percibió 3.733 millones de financiación autonómica. Es decir, recibió un saldo a favor de 847 millones respecto a la capacidad fiscal de los ciudadanos a los que atiende.

Es su mayor diferencial de los últimos cuatro años. El sistema actual incrementó un 29,3% el presupuesto que habría recaudado el Principado en un sistema basado en la capacidad fiscal de sus ciudadanos. En 2019 ese saldo a favor era del 22,6%, lo que indica que la tendencia está siendo a obtener un rédito creciendo de los flujos de nivelación entre comunidades. Los 3.733 millones obtenidos por el sistema de financiación equivalen al 71% del presupuesto inicial del Principado aquel año, tal es la magnitud de ingresos que dependen de dicho mecanismo; el saldo a favor, esto es, lo que entra en el erario autonómico gracias a los factores de redistribución autonómica (esos 847 millones) supusieron el 16,1% del total de ingresos previstos.

En total los ingresos tributarios en las quince comunidades del régimen común ascendieron a 135.217 millones, suma a la que la Administración General del Estado aportó 14.313 más. El reparto final muestra que sólo tres comunidades recibieron menos de lo que habían pagando sus ciudadanos: Madrid (7.295 millones de saldo negativo), Cataluña (2.088) y Baleares (375). El modelo actual tiene una amplia capacidad redistributiva, al punto de que Canarias percibe el doble de lo que pagan sus contribuyentes, mientras los madrileños cederían un 25,1% de su excedente fiscal al resto.

Ese es uno de los riesgos que los expertos ven en el pacto ERC-PSC. Saca a Cataluña del régimen común y limita su aportación solidaria al principio de ordinalidad, donde el que más capacidad fiscal tiene debe ser al final el que más perciba, el segundo que más recauda sería el segundo en ingresos, y así sucesivamente. Tomar el control de más excedente fiscal de sus ciudadanos (o de todo) es una senda que interesaría seguir, sobre todo, a Madrid.

El pacto con ERC se alimenta con el relato de que la redistribución actual penaliza al punto de tener a Cataluña infrafinanciada, algo que rebate el informe de Fedea. Según el mismo, de promedio las comunidades autónomas recibieron 3.365 euros por habitante a atender; la Generalitat en cambio captó 31 euros más que ese promedio, el Principado contó con 119 euros más que el resto. Madrid tuvo un euro menos por habitante.