Las conserveras asturianas defienden sus «rigurosas» medidas de seguridad alimentaria

Cuando el atún o el bonito llega a la fábrica se pone a cocer con agua y sal, a una temperatura establecida y sin cabeza ni tripa, durante dos o tres horas, según el tamaño de la pieza. Luego se deja a temperatura ambiente hasta que enfría. Se pela a mano, se cuida que no le dé el sol, y se mete en la cámara frigorífica. Luego se introduce en la lata y se esteriliza -esto es clave, asegura- a una temperatura de entre 110-130 grados durante dos o tres horas, según tamaño. De cada lote siempre se separan dos o tres latas y se pasan a la incubadora. Así, si a los ocho o diez días no hinchan, se determina que está todo correcto.

Por eso, Pablo Alonso cree que la intoxicación de cuatro miembros de una misma familia en Castilla y León que comieron una ensaladilla rusa elaborada con el atún de la marca Dia, «es un caso muy raro. No sé si fue un error humano o qué pudo ocurrir, ya que si todo el proceso de manipulación está bien hecho es inviable que haya problemas».

Es algo en lo que coincide Armando Barro, de Agromar: «Una empresa tan potente como Frinsa tiene a su alcance todos los medios para que no se produzcan errores de ese calibre», subraya. Barro apunta que este tipo de intoxicación por botulismo puede ser más factible «en las conservas vegetales y, sobre todo, en las que se elaboran en casa porque hay más riesgos de cometer equivocaciones».

Los conserveros asturianos esperan que esta alerta sanitaria no repercuta negativamente en el consumo de conservas y afirman que el precio del producto no es ninguna garantía. La prueba, dicen, es que la contaminación por toxina botulínica ha ocurrido en el producto de una empresa «potente».

Por su parte, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, calificó ayer de «deficiente» el sistema de comunicación a la ciudadanía sobre las alertas alimentarias. En concreto, se quejó por que, en este caso, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) tardó 21 días en hacer pública la alerta. Ésta fue activada el 9 de agosto. Ese mismo día, se localizó e inmovilizó de forma preventiva el producto implicado en la investigación epidemiológica y sospechoso de ser el causante del brote.

Para Consumur, ésta no es una situación aislada. Recuerda que en el caso del brote por listeria, la AESAN hizo pública la alerta «cuatro días después de tener conocimiento de la misma, con el agravante de que las autoridades sanitarias de Andalucía ya tenían conocimiento de la alerta desde el 5 de agosto».

A su juicio, «es prioritario revisar el actual sistema de alertas alimentarias para agilizar al máximo los plazos y ordenar la retirada cautelar de cualquier producto sospechoso de estar intoxicado, sin demorar la publicación de las alertas hasta que se realizan los estudios confirmatorios de la intoxicación. Cree que, de esta manera, se atajaría la aparición de más casos.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición insiste en que el brote por toxina botulínica está limitado a cuatro casos y no hay constancia de más afectados. No obstante, se insiste en la recomendación de que las personas que tengan en su domicilio dicho producto -el envase de 900 gramos de atún en aceite de girasol- se abstengan de consumirlo y lo devuelvan al punto de venta. La empresa Dia ya ha retirado todo el producto perteneciente al lote del que procedía la lata afectada y lo tiene inmovilizado en una nave.

En lo que respecta al brote de listeria detectado en Sevilla, la Junta de Andalucía informó ayer de cuatro nuevos casos, entre ellos, el de un recién nacido y el de un paciente inmunodeprimido, ambos pertenecientes a los grupos de riesgo de esta enfermedad. Según los datos de la Desde el inicio de la crisis alimentaria causada por el consumo de carne mechada contaminada, 201 personas se han visto afectadas en esta comunidad. 69 permanecen hospitalizadas. «Lo esperable ahora es que se produzcan casos poco frecuentes que pueden durar hasta octubre incluido, que afectarán principalmente a la población de riesgo: embarazadas, pacientes inmunodeprimidos, con enfermedades crónicas y ancianos», explicó la Consejería de Salud.