Los condenados por el 'caso Renedo' siguen libres dos años después del fallo

Una Justicia lenta es menos justa y por eso los tratados internacionales primero y la Constitución después establecen que para condenar a alguien hace falta que el fallo llegue «sin dilaciones indebidas». Cuando los magistrados tardan excesivamente, la jurisprudencia reconoce que crean un daño que debe ser compensado. Sentencia a sentencia se ha ido estableciendo un abanico para ello: pueden rebajar la pena, pedir que no se ejecute o indemnizar a quien ha sido víctima del retraso.

De todo ello se va a discutir en el 'caso Renedo', la mayor trama de corrupción en Asturias que llegó un día a juicio y que hoy parece eternizarse sin que nadie pague por ello. Los condenados están libres, el Principado no ha recuperado el dinero y por un Juzgado de Instrucción de Oviedo siguen desfilando directores de colegio para ayudar en una investigación que quiere aclarar si les falsificaron la firma en facturas anteriores al año 2010. Si esta historia comenzó como un escándalo por el desvío de fondos públicos, hoy la sorpresa está en los ritmos de la Justicia para depurarla.

Recapitulando. El 1 de septiembre de 2017 la Audiencia Provincial empezó a escribir la verdad judicial del caso. Dictó una sentencia que confirmaba lo que hasta entonces eran acusaciones y presuntos. Los magistrados dijeron que sí, que todo lo que habían sospechado la Policía Nacional y los magistrados de instrucción era cierto. Los 1.079 folios de la sentencia concluyen que el Principado albergó una trama de corrupción con siete responsables penales entre los que reparte 40 años de prisión.

Al final Marta Renedo, la funcionaria cuyos manejos llevaron a los agentes hasta todo lo demás, resultó la primera en quedar con sus manejos al aire pero no la gran protagonista. Los magistrados le impusieron nueve años de cárcel por falsificar la firma de un superior para tramitar contratos que llevaban dinero de su departamento a Implans Mounts, sociedad fantasma que había creado para el apropiarse de los fondos.

María Jesús Otero en cambio, la mano derecha del consejero José Luis Iglesias Riopedre, la discreta número 2 de Educación por cuyo despacho pasaban los contratos, salió peor parada. Los magistrados consideran que Igrafo y APSA, las empresas que más trabajaban en los colegios, la colmaban con 467.630 euros de regalos al año, gratificación que unas veces era para ella, otras para gente de su círculo.

La debilidad de su jefe, Iglesias Riopedre, también habría estado en la familia. La Audiencia entiende que el consejero firmó contratos ficticios a sabiendas de que lo eran; su rúbrica autorizó la entrega de fondos a sociedades que habían hecho otros trabajos distintos para Educación. La ilegalidad tenía por propósito saldar deudas con un dinero que, en parte, le llegaba al hijo del consejero.

El círculo lo completan Víctor Muñiz y Alfonso Sánchez, empresarios que con Igrafo y APSA lideraban el sector del material y mobiliario de oficina, y que aprovechando la buena entrada que les daba Otero, fueron asumiendo también obras y reformas de colegios. Trabajaban, mucho, para mantener activas dos maquinarias que daban trabajo, defraudaban impuestos, maquillaban facturas y albaranes con la aquiescencia de Otero y otorgaban facilidades fuera de la ley al resto del sector público.

Hace dos años ahora que la Audiencia Provincial les impuso, junto a otros dos condenados menores, 40 años de prisión y multas que suman 6,7 millones. Como el Principado no había presentado a tiempo una valoración de daños, los magistrados dejaron para más adelante el cálculo de cuánto deben devolver al erario autonómico, cifra que está aún por concretar.

Han pasado casi diez años de los hechos y dos de la sentencia. ¿Qué ha sido de todo? El Principado aprendió de parte de los errores y hoy controla mejor su contratación. Los condenados hacen vida a la espera de que alguien les diga cómo acabará la historia. Recurrieron el veredicto ante el Tribunal Supremo y la segunda instancia aún estudia el asunto. Hasta que no tome una decisión, las penas que les fueron anunciadas son provisionales. Pueden caerles más, menos o los mismos años de cárcel.

La espera está siendo tan larga que hoy todos han cambiado. Renedo es la única con trabajo conocido; visita los palacios de Justicia como abogada, hace caja para lo que tendrá que pagar y la libertad condicional le ha permitido acompañar la adolescencia y estudios de unas hijas que eran muy niñas cuando su madre se desvió. APSA e Igrafo quebraron, mandando a sus plantillas a la calle y obligaron a sus propietarios a cambiar el tren de vida. Alfonso Sánchez dice vivir de lo que gana su mujer, ya no tiene que viajar por todo el país para cerrar negocios y asegura que eso de comer de menú no era tan malo. El teléfono de Víctor Muñiz suena menos pero a un emprendedor de raza le cuesta dejar de idear posibles negocios. A Riopedre le queda poco para los 80 años y tuvo que llorar la pérdida de su amigo, el expresidente Vicente Álvarez Areces. El juez ha pedido el informe de la Guardia Civil para saber cómo estrelló Otero en noviembre pasado el Audi que se supone logró con dinero de APSA.

En febrero a la fiscal superior, Esther Fernández, se le preguntó si era justo un proceso tan lento. Tras un silencio contestó: «No estoy de acuerdo en una justicia tan lenta. Muchas veces decimos que una sentencia tardía ya no produce el efecto disuasorio o compensatorio que tiene que producir en la ciudadanía. Sin embargo, en este caso la sociedad no ha olvidado. Es algo que tienen muy presente. La trascendencia del tema no ha pasado».