Archivada la causa abierta a Marta Renedo por blanqueo de capitales

La investigación del 'caso Renedo' dejó un cabo suelto sobre Marta Renedo, la funcionaria del Principado cuyos manejos fue investigando el Cuerpo Nacional de Policía hasta terminar destapando una trama que salpicaba a varias consejerías. La Audiencia Provincial se encargó de juzgar la parte central de esta historia, dictando en 2017 una sentencia que ahora va a ser revisada. Los recursos de los condenados han obligado al Tribunal Supremo a analizar de nuevo las pruebas y tomarán una decisión en los próximos meses. Cuando los magistrados asturianos hicieron ese ejercicio, hace un par de años, se toparon con una pista perdida. Una extraña operación que aún hoy sigue sin explicación judicial.

Ocurrió en noviembre de 2008. Maximino Fernández es uno de los principales empresarios informáticos de la región. Desde una de sus sociedades transfiere 223.000 euros a Implans Mounts y 35.000 más a la Agrupación Deportiva de Baloncesto de Avilés. La primera es una mercantil ficticia, creada por Marta Renedo para desviarse fondos públicos. El club es en el que milita su hija. ¿A cambio de qué entrega tanto dinero?

A la pregunta se enfrentan los agentes al cabo de la investigación del 'caso Renedo', trabajo que les pone ante un mar de papeles, expedientes y cuentas corrientes. En medio de esa confusión, los implicados lograron colar una estrategia de despiste.

La primera vez que el empresario entra en comisaría, por ejemplo, se muestra colaborador. Dice que la funcionaria le adjudicó un trabajo para el Principado, que se lo pagaron por adelantado y que cuando iban a ponerse con él, la propia Renedo le dijo que el departamento tenía ahora otras urgencias. Que no hiciera nada y devolviera los fondos entregándoselos a Implans Mounts, la compañía a la que habían encargado esa otra obra que les corría más prisa.

En el juzgado de instrucción el empresario abundó en esa tesis, dando más detalles de una historia que le situaba como cooperador de un delito de sustracción de fondos públicos. Luego, al llegar al juicio, todo cambió. El letrado que le asistía, Juan Muñiz, se percató de que, en realidad, había un agujero negro en el relato. La fiscalía y las acusaciones habían dado por buena la explicación del empresario y basaban parte de su acusación contra la funcionaria y Maximino Fernández en esas declaraciones, pero no las habían verificado. El Principado no aportó esos contratos que se supone que habían sido adjudicados al empresario informático en el origen de la operación.

En esa omisión encontró el abogado la salida de su cliente. Al ser interrogado en el juicio, Fernández se excusó, atribuyó todo lo dicho anteriormente a una confusión, y explicó que «tras haber cuadrado la contabilidad» de su empresa en realidad no le figuraba haber cobrado ese dinero del Principado. El origen de los caudales no estaba en el erario, mantenía. El dinero se lo pagó a Renedo por una serie de trabajos que le había prestado, argumentó.

Hubo rechinar de dientes en la Audiencia ante esa rectificación de última hora. «No podemos creernos la explicación que se nos ha dado», reflejan los magistrados en la sentencia, donde ven «inverosímil» que la funcionaria hiciera trabajos fuera del Principado. Durante la fase de instrucción «nadie solicitó» a las empresas de Fernández que aportase las cuentas de su empresa y el Principado tampoco remitió la documentación. Así las cosas el «soporte probatorio brilla por su ausencia», lamentó la Audiencia.

Ante la falta de pruebas sobre el origen de esos caudales, la sentencia absuelve a Renedo y Fernández del delito de sustracción de fondos públicos del que se les acusaba. Pero los magistrados volvieron a la pregunta inicial. ¿A cambio de qué se entregó ese capital? La falta de respuesta, razonó, «nos situaría ante indicios de un delito de blanqueo de dinero», por lo que solicitó a la fiscalía que investigara ese cabo suelto.

La fiscal llevó la duda al juzgado de Instrucción. Para esta causa Renedo optó por reclutar como abogado al letrado que había librado a Fernández y, de nuevo, su estrategia funcionó. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo ha optado por sobreseer las diligencias por falta de pruebas.

«La posible opacidad de la fuente de ingresos no justifica una inculpación para los investigados», expone. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, recuerda, así que «no existiendo una prueba directa, solo conjeturas del origen ilícito de ese dinero», procede el archivo, indica la resolución. La pregunta, no obstante, sigue sin respuesta.