«En los centros de menores de Asturias no hay ningún descontrol»

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, tuvo que dar explicaciones ante la Junta General tras el caso de desprotección de una menor revelado por EL COMERCIO, que tras protagonizar una fuga del centro de acogida en el que residía fue víctima de abusos sexuales por parte de un adulto. Un caso que desveló la existencia de «una organización criminal« en la que está implicado dicho adulto y que está pendiente de juicio, así como la agresión de la menor.

Fue la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, la que interpeló a Del Arco a la que criticó que «no sé cómo en el siglo XXI la gestión de los centros de menores despiden la misma sensación de angustia de tiempos pasados». En su discurso, Álvarez Rouco insistió en «la inquietud que generan los centros de menores, desconocemos qué ocurre allí y porqué son un mal refugio cargado de connotaciones negativas». Se preguntó, además, «¿qué protocolo se aplica?» y sentenció que «la norma es el descontrol y la potenciación de los problemas conductuales» que llevaron a los menores a ser tutelados por el Principado.

La versión de la consejera es muy diferente. Además de negar «que haya descontrol, »explicó que «los centros de acogimiento son de régimen abierto» y que la protección «dura el tiempo indispensable, ya que se procura la vuelta» del menor con su familia una vez solucionados los problemas que llevaron a que necesitara la protección de la Administración.

En todo caso, recordó que «son 636 los menores que estuvieron en acogimiento residencial en 2023», unos menores que tienen «un comité de participación y que ya han demandado que se deje de estigmatizarlos». La consejera de Derechos Sociales y Bienestar dejó claro que los menores que llegan al sistema de protección «lo hacen muy dañados» y que desde el Principado se vela «siempre por el interés superior del menor».

Antes de responder sobre la gestión de los centros de menores, que hasta su reciente nombramiento como consejera, era gestión directa de Marta del Arco, la nueva titular de Derechos Sociales y Bienestar tuvo que responder a las críticas del PP «sobre el caos de gestión de su consejería».

La portavoz conservadora Beatriz Polledo dejó claro que «necesita un cambio radical de rumbo en la gestión», puesto que considera que «esta consejería está inmersa en un bucle y una deriva de incumplimientos y procedimientos ilegales que son muy preocupantes». Una deriva que, dijo, «su antecesora sabía bien» por lo que «huyó de forma repentina», en relación al nombramiento de Melania Álvarez como senadora.

En esa línea, Polledo explicó que «esta consejería no respeta la ley», y ha optado «por no licitar y obligar a las empresas a acudir a la demanda por impago para cobrar». Como ejemplo, llevó al pleno de la Junta «una sentencia por impagos de 600.000 euros a una empresa por 23 facturas sin pagar». Además de recordar los casos encontrados por la Sindicatura de Cuentas «que de un procedimiento aleatorio, encontró dos», ya que «en el ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos) se abusa de los contratos de emergencia».

Como ya hiciera en su primera sesión plenaria, Marta del Arco rechazó de plano «que haya un caos en la gestión de la consejería», pero también avisó que «si tras el análisis que estamos haciendo es necesaria una reorganización de la consejería, la haré».

Del Arco recordó que «llevó en la casa desde 1986» y el departamento «ha tenido importantísimos cambios. Hemos pasado de ser prestadores de servicios a garantizar y gestionar derechos. Es una consejería viva, se trabaja con y para la vida, el trabajo nunca se acaba, es difícil ver logros y resultados. Eso hace que lleguemos tarde en algunas ocasiones».

De estas «primera cuatro semanas» que está dedicando al análisis de la situación, sacó en conclusión que «hay 545 millones de gestión, donde las necesidades de las personas nos adelantan siempre, y hay cosas que mejorar. En la parte de prestaciones no es un caos, es una perfecta organización con un plan político que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas».

Respecto a los déficit, recuerda que «las demandas por impago están en la Ley de Contratos» y aclaró que los contratos de emergencia del ERA «se hacen cuando se necesitan». No obstante, insistió, «si hay que reorganizar la consejería no dude que lo haré y daré todas las explicaciones que tenga que dar».