Familiares de adolescentes alojados en centros de menores reclaman un mayor control para evitar las fugas

Vaya por delante que, en muchos casos, hablamos de situaciones complicadas, que los padres han perdido la custodia por alguna razón de peso, que hay menores conflictivos, otros que se las saben todas y familias que no comprenden que la Administración no puede solucionar ni en un día ni en una semana ni en un mes problemas enquistados en el tiempo. Además, estamos hablando de un sistema –como no podía ser de otra forma– garantista con los derechos del menor que impide que los centros sean centros de detención: por su naturaleza «serán de régimen abierto, estarán integrados en la Comunidad y promoverán el acceso de los menores alojados a los recursos públicos y privados normalizados».

Esto supone la existencia de distintos regímenes en los que los chavales salen del centro con regularidad, con un horario de llegada y unas normas. Una situación que, en muchas ocasiones, se deriva en que los jóvenes «no se presentan en el centro, sobre todo los fines de semana», nos cuentan las familias. El protocolo marca que, en el momento que eso suceda, el centro debe denunciar la situación para que el menor pueda ser localizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Sin embargo, las familias denuncian que los menores están huídos «durante días, semanas o incluso meses». Durante esos periodos de tiempo, en función de dónde consigan alojarse –algunos no quieren saber nada tampoco de sus familias– y de con quién se relacionen, pueden quedar en situación de vulnerabilidad: «Consumo de alcohol, hurtos para poder comer, consumo de estupefacientes...». Y hay casos más graves, como los sucedidos en septiembre de 2022 y en agosto de 2023. Este último, el del pasado verano, recogido ayer en detalle por este periódico, está pendiente de juicio: una menor tutelada por el Principado, de 14 años, apareció en Gijon, a más de 30 kilómetros de su centro de acogida, en estado comatoso y en la calle después de un mes fugada. Fue recogida por la Policía Local y trasladada a un centro de salud primero y al Hospital de Jove después. A continuación fue derivada al HUCA. En el examen toxicológico dio positivo en cannabis, éxtasis y Trankimazín. Su madre denunció además que había sufrido una agresión sexual, por la que se investiga a un gijonés de 23 años.

El de septiembre de 2022 ya está juzgado: el acusado de agredir sexualmente en Oviedo, durante las fiestas de San Mateo, a otra menor bajo tutela del Principado –de 15 años y que llevaba varios días fugada de su centro–, tras abonar una indemnización de 20.000 euros a la víctima, aceptó ser condenado a cinco años de prisión, que podía sustituir por su inmediata expulsión de España y la prohibición de regresar durante ocho años. Según denuncia su familia, la joven está de nuevo en estos momentos fugada desde hace tres meses de su centro.

Una mirada ajena parece evidenciar que el sistema no da respuesta a la situación en la que se encuentran los menores. Los expertos consultados por EL COMERCIO consideran que las situaciones son muy complicadas y que los educadores, psicólogos y personal en general de estos centros no pueden hacer mucho más de lo que hacen. «No podemos encerrar a los niños», recuerdan una y otra vez a las familias. Algunos reconocen sentirse frustrados. Y es que si uno de estos chavales no quiere quedarse en el centro, lo tiene muy fácil para hacerlo. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado –Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil– están más que acostumbrados a encontrarse con estos menores por las calles, devolverlos a su centro y ver cómo al día siguiente vuelven a escaparse. «Los fines de semana hacemos de taxistas», nos cuentan. El problema parece tener difícil solución.