Arantxa Palomino, a la salida de los juzgados de Avilés en 2017, acompañada de su abogado, Francisco Pérez Platas. MARIETA

Bronca de la presunta envenenadora con su exfamilia política en Avilés

La Policía intervino ayer tras presentarse Arantxa Palomino en casa de su exmarido e intentar llevarse «por la fuerza» al hijo de ambos

OLAYA SUÁREZ

GIJÓN.

Jueves, 2 de junio 2022, 00:49

A Arantxa Palomino se le acumulan los problemas. La Policía Nacional intervino ayer en Avilés en el altercado protagonizado por la mujer acusada de envenenar a su tía, por unas presuntas amenazas a su exsuegra. Al parecer, acudió al domicilio de la que fuera su ... familia política para exigir que le hicieran entrega de su hijo de 11 años, que permanece en casa del padre desde que su madre fuera detenida junto a su actual marido, el actor Luis Lorenzo, por, supuestamente, acabar con la vida de su tía, de 85 años, vecina de Grado.

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Los agentes acudieron al edificio en torno al mediodía alertados por la que fuera suegra de la acusada. La mujer, de edad avanzada, se encontraba en un estado de gran nerviosismo. Tanto, que acabó atendida en el hospital por un cuadro grave de ansiedad, «causado por el comportamiento de la madre de su nieto». Horas después del incidente, acudió a la Comisaría de la Policía Nacional para interponer una denuncia contra su exnuera por amenazas. Arantxa Palomino exigía regresar a Madrid con el niño, un extremo que está aún pendiente de resolución judicial, ya que el padre del menor solicitó en el juzgado la modificación de las medidas de guardia y custodia debido al proceso judicial en el que está inmersa su exmujer. El pasado jueves, a las 7 de la mañana, el hombre recibió una llamada de la Guardia Civil para que se desplazase a Madrid para hacerse cargo de su hijo, ya que la madre estaba detenida.

Las desavenencias y problemas judiciales de Arantxa Palomino con su exfamilia política se remontan a años antes de que saltase por los aires la relación con su propia familia, a raíz del fallecimiento de su tía en junio de 2021.

En 2016 el juzgado de lo Penal número 2 de Avilés la condenó a dos años y medio de cárcel por el secuestro de su propio hijo, al que se llevó a vivir a Madrid sin el consentimiento del padre. El progenitor no pudo ver al niño durante casi un año, desde que en octubre de 2014 Arantxa dejó de llevar al menor al Punto de Encuentro Familiar, lo que motivó la apertura de una investigación judicial por la vía penal. Días antes lo había denunciado por un supuesto atropello del que decía que había sido víctima en Gijón. Quedó archivado. «No existe el más mínimo indicio de que dicho intento de atropello tuviera realmente lugar, más allá de un mero encuentro fortuito entre ambos en Gijón», señaló la resolución judicial.

El juez que llevó el caso del secuestro parental consideró probado que la mujer «voluntaria, conscientemente y de manera unilateral» incumplió los términos de la patria potestad compartida, que impide a cualquiera de los progenitores adoptar decisiones que afecten al menor sin contar con el consentimiento o el conocimiento del otro.

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Señalaba también que «la acusada había puesto todo tipo de obstáculos e impedimentos para evitar ser notificada y requerida por parte de los órganos judiciales, también con el fin de mantener al menor alejado de su padre». El juez enmarcó la «contumaz» actitud de la avilesina y «una conducta casi obsesiva» en «obstaculizar» la relación entre padre e hijo.

Su abogado, Francisco Pérez Platas, el mismo que ahora la representa en el procedimiento por el envenenamiento, recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial acabó revocándola y absolviendo a Palomino. Ella siempre mantuvo su inocencia, la misma que ahora enarbola junto a su actual marido, tras ser acusados de haber envenenado a la tía de ella, Isabel Suárez, después de invitarla a pasar una temporada en su casa de Madrid.

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En la autopsia practicada al cadáver de la mujer los médicos forenses hallaron concentraciones de cadmio 200 veces superiores a los niveles normales. Fueron los hermanos de la víctima los que denunciaron, al apreciar anomalías en torno al fallecimiento de la mujer y no poder contactar con ella antes de morir.

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