La vuelta a la calle del delincuente sexual

«Su lógica era que, por su posibilidad de reincidencia y con informes negativos, la castración química eliminaría el riesgo y tendría más permisos», explica Carlos Ruiz Marín, abogado penalista que llevó este caso en Logroño. «Era un caso atípico y me tocó en el turno de oficio. Su motivación era salir de prisión, pero los permisos no son un premio». Sin embargo, «aun siendo conscientes de casos de muy alto riesgo, las penas tienen una duración limitada, y no vale decir que, si no está rehabilitado, no salga», advierte Santiago Redondo, psicólogo y miembro del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la Universidad de Barcelona. En algún momento, los 2.374 delincuentes sexuales que hay en España, según datos del registro central del Ministerio de Justicia, recuperarán su libertad.

Una vez libre, ¿qué disposición tiene un agresor sexual violento para mantener el control? «Un enfermo adicto al sexo tiene una obsesión prioritaria, que puede ser voyerismo, exhibicionismo, sadomaso... Y hay también conductas sexuales agresivas, de violación y abuso de menores con una patología o una psicopatía», analiza un miembro del grupo de apoyo Sexo Adictos Anónimos. «Cuando está en acción, pierde el control pero no la conciencia. Sabe lo que hace, aunque se autoengaña y manipula a sí mismo. Es dificilísimo parar este tipo de conductas, porque es una droga que tenemos dentro del cerebro, sin tener que ir a buscar al camello, y produce un subidón de adrenalina. Pero se puede».

Los grupos de apoyo, la gran mayoría privados, reúnen a personas con perfiles heterogéneos que pueden ir desde «casados que aman a su mujer y disfrutan con ellas» hasta individuos solitarios. Aunque «la mayoría mantiene su obsesión en el terreno de la fantasía» a estos grupos, asistidos por psicólogos, recurren también personas que han cumplido una condena de abuso o agresión sexual.

En las prisiones, existen programas específicos para los delincuentes violentos. Pueden durar varios meses, incluso un par de años, con sesiones grupales donde se abordan temas como el control de los impulsos, la toma de conciencia del daño provocado, la empatía con la víctima, el peligro de las recaídas. «El sistema penitenciario se ha afanado más con los delincuentes sexuales», asegura Antonio Andrés Pueyo, catedrático de la Universidad de Barcelona. «Estos tratamientos permiten evaluar si la probabilidad de reincidencia ha descendido en cada caso. Sin este tipo de programas, aumentaría el riesgo de reincidir».

La tasa de reincidencia de los delitos violentos es un secreto bien guardado. El Instituto Nacional de Estadística la publicó hasta 2006, y después la eliminó de sus reportes. Ese año la tasa de homicidas reincidentes fue del 14%, y entre los delincuentes sexuales del 11%. Ni el Poder Judicial ni los ministerios implicados -y sus dependencias consultadas- tienen actualizaciones. En general, el 33% de los exconvictos reincide antes de cumplir doce años en libertad, según una respuesta del Ministerio del Interior a instancias del Parlamento en 2019.

El 98% de los que ha cometido abuso sexual contra menores de 16 años son varones y, si siguen la terapia carcelaria voluntaria establecida para estos agresores, el 95,7% no reincide luego de cinco o más años de libertad, según Instituciones Penitenciarias hasta junio de 2020. No hay datos del porcentaje de convictos que siguen los cursos, ni la reincidencia de los que no se someten a orientación alguna.

La diferencia entre los agresores sexuales sin antecedentes y los reincidentes es alta, en cuanto a repetir el delito: el 20% para los primeros y hasta el 70% para los segundos, según estudios internacionales citados por Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, en un artículo publicado en la colección 'Interrogantes'. «La reincidencia es más probable en los psicópatas sexuales y en los violadores sádicos», escribe.

El «trastorno sádico de la personalidad», al que corresponde Almeida, por ejemplo, «es difícil de detectar en prisión», asegura Juan Carlos Navarro, que asesoró al gobierno catalán en la reforma de los protocolos utilizados con estos presos y profesor de Derecho en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC). «Son personas bastante sumisas, pero su nivel de fantasía sádica es intensa, y les cuesta dominarla».

En aquella petición de emasculación voluntaria pedida en la cárcel riojana, las autoridades de la prisión y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya se habían opuesto porque, si bien tenía carácter voluntario, contenía, en efecto, una condición: «acceder con garantías a permisos de salida», explica la sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño, hasta donde llegó la apelación de este reo de alta peligrosidad. La Fiscalía se opuso y los jueces la denegaron porque «no se contempla en el Código Penal la castración química de un agresor sexual ni como pena ni como medida de seguridad». Sin embargo, en las cárceles catalanas, que tienen plena autonomía, sí se ofrece esta medida farmacológica como coadyuvante del tratamiento psicológico principal.

Con casi 22 años entre rejas, Almeida «no ocasionaba problemas en prisión y trabajaba en tareas como el reparto de paquetes o la lavandería», sostiene una fuente penitenciaria. Este «interno de espino», en argot carcelario, mantenía una relación «fría y distante» con los demás. Aunque «correcto», los informes de quienes evaluaban su comportamiento eran desfavorables a que obtuviera un régimen de semilibertad. «Busca el sufrimiento de la víctima, con un perfil de homicida sádico, que no se da frecuentemente», analiza Redondo. «Se queda al lado de la víctima, como si fuera su obra de arte. Su perfil fundamental es la violencia grave y su psicopatología no le quita responsabilidad».

Cuando Almeida recurrió a la Secretaría General, el caso se resolvió «mirando papeles», reconoce una fuente de la Administración de Justicia. «Lo decidieron funcionarios que no tienen contacto directo con él», acusa Joaquín Leyva, portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciaria (ACAIP). «Fue una falta de respeto a los profesionales de la Junta de Tratamiento, que han evaluado al interno cada día, y tienen más capacidad de valorar las posibles consecuencias que puede tener su liberación».

Dentro de la Administración y entre los expertos hay desacuerdo en cuanto al derecho a volver a la comunidad de forma indiscriminada. «Entre el 1% y el 2% de delincuentes violentos no puede reinsertarse y una condena de prisión permanente es necesaria», dicen fuentes de la Administración, mientras que la posición mayoritaria entre los terapeutas es la de permitir una segunda oportunidad. «Ante una noticia que genera alarma social, se incrementan las penas en las reformas del Código Penal, como si fuera la única forma de abordar la criminalidad», dice María del Río Pereda, profesora de Derecho Público de la Universidad del País Vasco (EHU). «Una política criminal humanitaria debe limitar el uso de la prisión, que es el último recurso, proporcional y razonable, porque la finalidad es la resocialización».

Más allá de las rejas, cuando el agresor recupera su libertad, funciona la vigilancia, que es el punto débil del sistema español. «La gran carencia es que no hay un servicio criminológico de apoyo y seguimiento, que implique el control de personas que han cometido delitos graves y reúnen factores de riesgo significativos», recomienda Redondo. «Cuando el reo queda en libertad, después de 20 años, la vida social ha cambiado tanto que necesita ayuda para reincorporarse y encontrar trabajo, amigos o pareja, organizarse la vida. La creación de este servicio, formado por expertos, habría detectado casos como el de La Rioja, porque la Policía tiene otras funciones».