Se busca al propietario de una pierna amputada en un hospital vasco

Cuando se realiza una amputación quirúrgica el protocolo establece que debe ser el paciente el que tiene que hacerse cargo de los restos humanos a través de una empresa funeraria autorizada con su consiguiente coste. Sin embargo, no todos los ciudadanos asumen esta responsabilidad como ha sucedido en el Hospital de Bidasoa, en Hondarribia (Guipúzcoa).

El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado el requerimiento donde la directora médica del área de salud del Bidasoa, María Eugenia Alkiza, solicita al propietario de una pierna amputada que proceda «a la retirada y gestión adecuada» ya que no ha sido reclamada hasta ahora. Aunque el anuncio está fechado el 21 de julio, ha sido la última semana de agosto cuando se ha hecho público.

Según el procedimiento establecido, el interesado o personas allegadas disponen de «un plazo de diez días hábiles» desde la publicación en el BOPV para cumplir con el requerimiento, de lo contrario se abrirá un «expediente sancionador».

En la práctica podría llevarse a cabo una «ejecución forzosa» que podría acarrear una multa. No existe un régimen sancionador que especifique a cuánto asciende la sanción económica por abandonar una pierna amputada, pero algunas fuentes apuntan a que podría ascender a unos 400 o 500 euros, un importe en realidad menor del coste que supone el procedimiento a seguir.

Se trata de un procedimiento cuyo coste puede alcanzar, según las tarifas de las funerarias de la zona, los 1.500 euros. Quizá haya sido el alto precio del servicio, o quizá el desconocimiento, lo que haya hecho que el afectado haya optado por abandonar su miembro en el centro hospitalario.

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