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Pilar García-Trevijano
Granada
Viernes, 13 de diciembre 2024, 07:13
La familia de uno de los presuntos agresores defiende la inocencia del menor y critica la actuación del centro, alegando que se ha vulnerado su derecho de defensa, a la presunción de inocencia, e incumplido los protocolos. Su representante legal, el Letrado granadino ... Jorge González Luna, ha recurrido en vía administrativa la resolución del colegio y la expulsión ante la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía.
«La decisión del centro docente es definitiva, pero no firme. Los hechos, la agresión, es inimputable desde el punto de vista penal, pero el menor se ha visto señalado inmerecidamente por profesores, padres y compañeros. En nuestro caso el menor es inocente y no participó en estos hechos tan reprobables», comenta. A juicio de la defensa, el expediente administrativo proporcionado por el centro presentaba «contradicciones manifiestas» y se han «cometido irregularidades», ya que, de acuerdo con su versión, se entregó a la familia alterado y con los datos deliberadamente borrados en las 72 páginas del expediente, motivo por el que el despacho está estudiando tomar medidas legales penales contra el centro.
A juicio del defensor, en las distintas entrevistas que se produjeron para esclarecer los hechos hay contradicciones en cuanto al número de menores involucrados, las veces que tuvieron lugar las presuntas agresiones, el lugar corporal donde se realizaron o la identificación de los responsables, quienes no serían del mismo grupo de amigos. De acuerdo con González Luna, la menor agredida identificó a su agresor con características físicas que no se corresponden con las que presenta la persona inculpada. «Se ha vulnerado la protección del menor, su derecho de defensa y su inocencia, pues reunieron al presunto agresor sin conocimiento, presencia o permiso de los padres, tratando que se inculpara, algo que no hizo. La actitud fue inquisitorial, hay profesores del colegio que creen en la inocencia de mi cliente y no se les ha escuchado», añade.
Además, siempre según la versión del letrado, no se respetó el plazo para recurrir el expediente. La familia fue notificada para recoger el expediente el viernes 15 de noviembre y el 18 de noviembre, dentro aún del plazo para presentar alegaciones, recibieron la propuesta para el cambio de centro escolar. «La conducta de este menor ha sido intachable, tiene un comportamiento ejemplar, es bueno, con valores, responsable y aplicado en los estudios», concluye.
González Luna señala que la familia se encuentra muy preocupada y pendiente. «El menor no es consciente de los hechos que se le imputan ni de lo que ha pasado, cree que son cosas de mayores. Los padres están determinados a defender la inocencia del menor, a limpiar su imagen y a que se castigue a los verdaderos culpables», remacha. Por último, lamentan la falta de vigilancia del colegio. Los hechos sucedieron durante el recreo en una zona del centro que, de acuerdo con la versión de la familia, es conocida en el seno de la comunidad educativa por ser problemática.
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