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LUIS ALFONSO GÁMEZ
Lunes, 6 de abril 2020, 02:22
La sanidad pública española aún no se ha recuperado del 'crash' de octubre de 2008. La crisis financiera global, consecuencia del colapso de la burbuja inmobiliaria estadounidense, convirtió la cima del gasto sanitario, situada en los 75.500 millones de euros en 2009, en un ... espejismo. Los recortes subsiguientes la erosionaron hasta los 66.480 millones de 2013 y en 2017, último año del que hay datos, solo se había recuperado hasta los 74.150 millones. Aun así, España es, según el 'ranking' de Bloomberg, el mejor país para vivir y su sanidad, uno de sus puntos fuertes; el Foro Económico Mundial considera que disponemos de la mejor del planeta, y la OMS la coloca en el séptimo puesto. ¿Ha demostrado el coronavirus que, digan lo que digan fuera, nuestra sanidad no es tan buena? Pues según los expertos consultados por este periódico no, pero sí ha abierto el debate sobre la necesidad de integrar los servicios sociales en la sanidad pública.
«Menos mal que tenemos un buen sistema sanitario, universal, público, fuerte, resiliente y con recursos humanos. En los países donde no lo tienen, lo van a pasar mucho peor», dice Rafael Bengoa, exconsejero vasco de Sanidad (2009-2012) y codirector del Instituto de Salud y Estrategia (SI-Health), que asesora a Gobiernos de varios países. Para él, aunque el gasto sanitario en España no ha alcanzado todavía el nivel de 2009, no han sido los recortes los que «necesariamente» han dificultado la lucha contra el nuevo coronavirus. «La gestión de la crisis hubiera sido algo más fácil con algo más de dinero, pero eso no hubiera impedido que nos faltaran material de protección y respiradores. Es un evento que ha desequilibrado a todo el mundo», afirma. Y recuerda que «ya en 2005, después del SARS, la OMS advirtió de que había que prepararse para una epidemia de un virus respiratorio, y todos los países hicieron oídos sordos. No nos hemos preparado».
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Para Jesús María Fernández, experto en salud pública, «hay que ser muy cautos a la hora de relacionar las dificultades actuales con los recortes de los últimos diez años». El problema, a su juicio, no ha sido tanto de incapacidad del sistema como de «falta de previsión desde que llegaron las primeras noticias de China. España y otros países han fallado a la hora de prever la necesidad de materiales de protección y respiradores. Siendo estrictos, no podemos vincular esa falta de material y la de camas en cuidados críticos a los recortes», indica el fundador de Hiris Innovation Technologies, empresa que persigue acelerar la revolución tecnológica de la sanidad.
Marciano Sánchez, pediatra y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), cree, sin embargo, que «no es casual» que comunidades autónomas como Madrid y Cataluña, «las que hicieron los recortes más profundos y tienen un mayor grado de privatización», sean las que sufren ahora «problemas más serios». Considera que el País Vasco y Navarra están en una situación ventajosa porque su gasto sanitario es mayor que el del resto. En 2017, frente a la media española de 1.370 euros por cabeza, Andalucía invertía 1.153 y Madrid, 1.254; muy por debajo de Euskadi (1.710), Asturias (1.625), Navarra (1.608) y Extremadura (1.585). «España -señala- tiene 3 camas de hospital por cada 1.000 habitantes. Italia tiene 3,2 -y eso quizá explique en cierto modo lo que está pasando allí-; Francia, 6; Alemania, 8; Corea del Sur, 11,5; Japón, 13,4 en general. Tenemos muy pocas camas hospitalarias y eso también explica que haya habido que improvisar hospitales de campaña».
«Sabemos desde siempre que tenemos ese número de camas, y nunca se ha visto como algo malo. Al contrario. Siempre hemos considerado que nuestro sistema sanitario era extraordinariamente eficiente y que una de las razones de los buenos indicadores de salud -esperanza de vida, supervivencia al cáncer...- es cómo lo tenemos organizado, con una buena atención primaria y menos necesidad de una estructura hospitalaria grande como las de Francia y Alemania. Por una epidemia, no podemos decir que, el que antes era el mejor sistema del mundo ahora es el peor. Hay que ser rigurosos», pide Fernández, que fue viceconsejero con Bengoa. Nuestro sistema sanitario, añade, es muy parecido al de Reino Unido, «con un despliegue muy amplio de atención primaria que hace que haya menos necesidad de hospitalización, y eso siempre es bueno».
Para los dos expertos en salud pública, no hay comunidades a las que la epidemia haya pillado en desventaja por la menor inversión. «Cuando uno compara el gasto sanitario en las diecisiete, ve rápidamente que aquellas con menos población tienen un mayor gasto porque, simplemente, es más costoso dar la misma atención sanitaria a pocas personas que a muchas.
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Eso hace que las más pobladas -Andalucía, Cataluña y Madrid- tiendan a tener un menor gasto sanitario por persona», explica Fernández, quien destaca que no hay pruebas concluyentes de que «esa diferencia de gasto per cápita se refleje en la calidad de la atención sanitaria y los resultados». «En España, el que gasta algo más de dinero es porque ofrece más servicios, pero no puedo relacionar eso con esta crisis», afirma Bengoa. Cuando nos comparamos con otros países, «estamos donde nos corresponde por nuestra riqueza», aunque haya que recuperar el terreno perdido desde 2009 y dotar de más recursos al sistema, apunta Fernández.
La epidemia ha sacado a la luz la situación de las residencias de ancianos, donde ya han muerto más de 3.000 personas. Bengoa aboga por «integrar los servicios sociales y la sanidad. Tenerlos separados nos ha llevado a no tener a los mayores en el radar cuando teníamos que tenerlos. Si los servicios sociales y sanitarios hubieran estado coordinados, no habríamos tenido desatendidas a las personas mayores en esta crisis. Hay que unir servicios sociales y sanidad en un presupuesto». El exconsejero advierte de que, «en la siguiente epidemia y en el día a día, esa falta de integración nos va a seguir llevando a una situación de vulnerabilidad de la gente mayor. En Reino Unido ya están integrando servicios sociales y sanidad, y en los países nórdicos, ciertas partes de Estados Unidos y Canadá también. Tenemos que hacerlo pronto».
«Todos sospechábamos lo que pasaba en las residencias de ancianos, pero hemos mirado a otro lado porque o no podíamos pagarlo o no dábamos la prioridad en los presupuestos a la atención a la dependencia, donde ha habido recortes mucho mayores que en sanidad», indica Sánchez. En su opinión, urge «mejorar las condiciones de convivencia en las residencias, reconociendo que no todas son iguales en cuanto a infraestructura, dotaciones de personal y otras inversiones. Hay que fomentar las modalidades de atención a la dependencia no residenciales -domicilio, centros de día, apartamentos tutelados...- y la calidad de la atención sanitaria en las residencias con una mayor coordinación con los servicios de salud».
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