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CHELO TUYA
gijón.
Martes, 24 de marzo 2020, 01:41
Los ayuntamientos asturianos atienden en su casa, a través de los servicios de ayuda a domicilio, a 5.800 personas. Para ellas, para «evaluar las posibles necesidades de Equipos de Protección Individual (EPIs)», pidieron ayer los consistorios al Principado más protección. Porque los 78 ayuntamientos asturianos han hecho sus números.
Durante todo el fin de semana, los consistorios han estado en contacto entre ellos y con la Federación Asturiana de Concejos (FACC) para unificar peticiones urgentes. Y ya saben que necesitan de forma perentoria equipos de protección contra el coronavirus para 3.210 profesionales de las policías locales y de los servicios sociosanitarios. Según fuentes de la FACC, los ayuntamientos requieren Equipos EPIs para 1.960 auxiliares de ayuda a domicilio y, también, para 1.250 agentes de la Policía Local. El informe fue trasladado ayer al Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) según lo acordado en el Comité Asesor del Plan de Actuaciones del PLATERPA ante la emergencia del coronavirus.
Porque los ayuntamientos ya empiezan a tener problemas para prestar el servicio a sus vecinos más vulnerables. Buena prueba de ello fue lo ocurrido el viernes en Gijón donde, tal y como adelantó EL COMERCIO, 44 personas sin autonomía personal quedaron sin ayuda a domicilio al dar positivo en COVID-19 la profesional de la empresa Aralia que les atendía.
La empresa decidió poner en cuarentena tanto a la profesional como a los usuarios del servicio que, salvo en tres casos, quedaron al cuidado de sus familias. Una situación inviable para la mayoría, ya que los usuarios son personas con dependencia y muchos de sus familiares tienen también avanzada edad y problemas de salud.
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Una situación de la que ya alertaron las entidades privadas. La Asociación de Empresas Sociosanitarias del Principado (Adesspa), que preside Antonio Corripio, insiste en poner a disposición de las entidades públicas «a los 2.000 trabajadores de ayuda a domicilio a los que representamos». Eso sí, con EPIs, ya que «de momento, estamos usando los que confeccionamos nosotros mismos».
Para «blindar», en palabras de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, ese servicio de ayuda a domicilio, el Principado aprobó ayer varias medidas de carácter transversal para él, que tendrá la misma consideración que la teleasistencia domiciliaria y la atención a las personas sin hogar. De este modo, explicó Melania Álvarez, «se asegurarán los cuidados, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación de mayores, personas con algún tipo de discapacidad o dependientes».
Para garantizar las prestaciones básicas, el Ejecutivo de Adrián Barbón autorizó el adelanto de los 28 millones del plan concertado para la concesión directa de subvenciones a entidades locales.
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