Amnistía Internacional urge cambios legislativos para proteger los derechos de los mayores en residencias

Amnistía Internacional considera imprescindible y urgente aprobar cambios legislativos que protejan los derechos humanos de las personas mayores en residencias y se armonice la diferente normativa que existe sobre centros residenciales a nivel estatal, autonómico y local.

«Las residencias se han convertido en el triste ejemplo de lo que es una mala gestión y falta de respuesta de las autoridades, cuyas consecuencias las han sufrido miles de personas mayores, que han sido tratadas como ciudadanas de segunda. Muchas han fallecido y otras han visto gravemente vulnerados sus derechos humanos«, afirma.

Durante la primera ola de la pandemia, sostiene, se vulneraron los derechos a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y a una muerte digna de los usuarios de las residencias españolas. Según datos del Ministerio de Sanidad, a fecha de 23 de mayo de 2021, 29. 558 personas que vivían en residencias de mayores en España fallecieron a causa del coronavirus o con síntomas compatibles.

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la organización clama por que el colectivo «no sea abandonado a su suerte nunca más». Es el momento de pensar en las personas mayores y de legislar teniendo en cuenta sus circunstancias, sin olvidar que tienen los mismos derechos que el resto de la población, afirma el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Además, pone el acento en las distintas situaciones y políticas en función de la comunidad autónoma. No puede ser que una persona mayor que reside en una residencia de Madrid o Barcelona no tenga los mismos derechos que una que viva en Soria, Zaragoza, Cáceres, Bilbao, Sevilla o A Coruña«, añade.

Amnistía Internacional ha elaborado una guía una guía con siete recomendaciones a la hora de adoptar unos cambios legales que, en su opinión, deben tener un enfoque «intersectorial, de género y de derechos humanos».

Las decisiones médicas sobre los internos deben basarse «siempre y únicamente» en evaluaciones clínicas individualizadas, de necesidad, criterios éticos y sobre la mejor evidencia científica disponible. Las instrucciones y criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios en ningún caso incluirán criterios discriminatorios en el acceso a la atención sanitaria en el futuro.

La puesta en marcha de un sistema de inspecciones que garantice su transparencia, con la publicación periódica de datos sobre el número de visitas y conclusiones obtenidas y que incluya visitas regulares a los centros residenciales sin aviso previo.

Además, Amnistía Internacional apuesta por habilitar un sistema de denuncias que garantice anonimato, y recursos adecuados para su seguimiento efectivo y la adopción de medidas de corrección sin demora

Garantizar el contacto regular entre residentes y familias, en línea con los acuerdos del consejo Interterritorial de diciembre de 2020. Debe cumplirse con el régimen de visitas y eliminar la discrecionalidad en su aplicación en algunas residencias.

El colectivo propone desarrollar un procedimiento unificado para recoger y proporcionar datos sobre las personas mayores en residencias con un análisis de género, edad y discapacidad. La información recabada se utilizará para desarrollar las políticas públicas adecuadas para la gestión de la pandemia, garantizando los derechos de las personas mayores, incluido el de la salud. Los datos han de ser homogéneos y estandarizados.

Habilitar criterios y mecanismos para adecuar las plantillas a las necesidades reales de atención y asegurar formación obligatoria y especializada en la aplicación de protocolos y utilización de los EPIs.

Incrementar los recursos de los centros y asegurar su suficiencia teniendo en cuenta una evaluación real de las necesidades de la población y su previsión de evolución.

Involucrar a las personas mayores y sus familiares en decisiones que les afectan relacionadas con el modelo residencial y hacer partícipe a la sociedad civil que trabaja con las personas mayores y las representan.