La medida era esperada por el sector, tan solo faltaba la confirmación vía BOE, y eso llegó la noche del jueves. La Orden ministerial que impone el cierre de los alojamientos turísticos en España pilló a Asturias con solo una veintena de ellos abiertos, sumados hoteles y pensiones. Las razones de los que han resistido sin echar el cierre obedecen al tipo de clientela que se hospedaba en los mismos: bien fueran huéspedes de larga duración o aquellos que tenían algún tipo de reserva por motivos laborales y profesionales. Ahora, tienen la cuenta atrás activada con un plazo para su cierre máximo de siete días naturales, que concluye el próximo jueves 26 de marzo.
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Ante este escenario, la Viceconsejería de Turismo ha puesto a disposición de los propietarios diversas vías de contacto para ofrecer información y asesoramiento. La principal acción consistirá en realojar a los huéspedes de larga duración en apartahoteles que estén dotados de cocina y otros equipamientos mínimos necesarios. Así se deduce del punto de la normativa que incide en la importancia de que los diferentes grupos de personas no coincidan en los espacios comunes. Según la orden: «Queda permitida la apertura al público de aquellos establecimientos que alberguen clientes que estén hospedados de manera estable y de temporada, si no tienen que compartir servicios comunes». Pero esto no debe de ser tomado como carta libre para seguir admitiendo reservas. La norma es clara: «No se podrá admitir a nuevos clientes hasta que finalice la suspensión del estado de alarma que, por el momento, está decretado hasta el 29 de marzo». A día de hoy, y según los datos facilitados por el Gobierno regional, el Principado ronda los 3.000 establecimientos si se dejan al margen las viviendas vacacionales y de uso turístico. A la cabeza, 526 hoteles, 553 apartamentos rurales, y 230 hostales y pensiones, entre otros. Los 55 campings registrados fueron los primeros en cerrar las puertas al inicio de esta crisis sanitaria. Estas cifras, trasladadas a número de empleos, se traducen en 45.000 trabajadores que, ahora, estarán inmersos en procesos de ERTEs hasta que finalice la crisis sanitaria.
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L. R. LORENZO / E. FANJUL
El presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, subraya que «ahora mismo lo importante es preocuparnos de la gente, de evitar el contacto y reducir los contagios; al tiempo quedamos a disposición de la Consejería de Salud para abrir hoteles donde se puedan dar comidas o lo que fuera menester siguiendo las medidas higiénicas que establecen los protocolos». Por su parte, la Consejería de Cultura y Turismo ya se ha puesto en marcha y ha venido recabado información sobre la situacion ocupacional actual y de la prevista hasta el fin de la moratoria. El objetivo, según informa, es actualizar los datos y apoyar al sector para dar una respuesta rápida y adecuada a la resolución. En este sentido, ha establecido varias líneas telefónicas para el contacto entre profesionales.
De lo que aún no se ha hablado ni se maneja ninguna cifra es lo referente al impacto económico en la región. Tan solo conoce una estimación realizada por la patronal turística Exceltur a nivel estatal. Según los primeros cálculos, en un escenario en el que la crisis se resuelva en 4 meses, las pérdidas del sector -para toda España- ascenderían a 40.000 millones de euros. Pero en una hipótesis peor, en la que el problema continuase hasta final de año, el impacto ascendería hasta los 62.000 millones.
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