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Aceite de girasol Fotolia
¿Es legal limitar la cantidad de aceite de girasol que se puede comprar?

¿Es legal limitar la cantidad de aceite de girasol que se puede comprar?

La asociación Facua ha denunciado a cinco cadenas de supermercado por aplicar esta restricción

Sábado, 12 de marzo 2022, 14:46

Con la pandemia fue el papel higiénico y con la guerra de Ucrania, el aceite de girasol. Los consumidores temen que los efectos de la invasión rusa se noten en los lineales de los supermercados y, de hecho, ya es así. Varias cadenas han limitado las unidades de aceite de girasol -producto que se importa en grandes cantidades desde Ucrania- que puede adquirir cada cliente en cada compra. Pero esta práctica podría no ajustarse a la legalidad.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a cinco cadenas de supermercados e hipermercados por establecer que cada comprador solo podía adquirir un máximo de entre tres y cinco litros de aceite de girasol.

La asociación ha advertido también de que en los últimos días se está viendo un alza desproporcionado de los precios de este producto en diferentes cadenas, ya que ha registrado importes de hasta 2,98 euros el litro en el establecimiento que vende el producto a mayor precio.

En este sentido, el artículo 9.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, establece que «los comerciantes no podrán limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos para las compras que superen un determinado volumen. En el caso de que, en un establecimiento abierto al público, no se dispusiera de existencias suficientes para cubrir la demanda, se atenderá a la prioridad temporal en la solicitud».

Además, el artículo 63 de la citada ley recoge como labor de las administraciones públicas comprobar «el cumplimiento de lo dispuesto» en la legislación, para «cuyo fin podrán desarrollar las actuaciones inspectoras precisas» y podrán «sancionar las infracciones cometidas».

Ahora, decisión sobre la legalidad de esta práctiva queda en manos de las diferentes autoridades autonómicas y serán estas administraciones quienes tengan que iniciar, de considerarlo oportuno, los correspondientes expedientes sancionadores.

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