Trece consejerías, consistorios y entidades desoyen al Consejo de Transparencia

Los asturianos han solicitado su auxilio en 241 ocasiones, camino que exige paciencia. El ciudadano solo puede apelar si ya han pasado dos meses sin que el ministerio, consejería o ayuntamiento de turno le haya respondido, o porque dentro del plazo legal recibió una resolución habitualmente escrita por un funcionario experto en Derecho que justifica por qué no le da la información que pedía. Para refutarle, el afectado debe conocer bien la ley y argumentar jurídicamente ante el Consejo estatal qué apartado de la norma cree que se está vulnerando en su caso.

Quienes lo hacen, acostumbran a ser asturianos cargados de razones. El propio consejo confirma que «en algo más del 70% de los casos» el ciudadano tenía razón y se le negaba información a la que tenía derecho. El organismo emite su dictamen tras dar oportunidad a la administración a que eleve sus alegaciones y analizar el expediente, algo que rara vez libra antes de dos meses.

¿Qué ocurre luego? El Consejo estatal insiste en que sus resoluciones «son ejecutivas, eso significa que son de obligado cumplimiento», sin embargo la autoridad a la que insta a entregar la información puede hacer caso omiso sin mayores consecuencias. Los registros del consejo identifican a trece consejerías, ayuntamientos y entes asturianos que o no se dan por aludidos o llegan a recurrir la orden del consejo ante los juzgados, alargando aún más la espera del ciudadano y exigiendo que se invierta más tiempo y recursos públicos en la cuestión.

Catorce son las informaciones que el Consejo mandó entregar a asturianos que la pedían y de las que no sabe nada pese a que en su dictamen exigía a la administración recurrida que le remitieran copia de la documentación. Los ayuntamientos de Gozón, Teverga, Somiedo y Siero están en este grupo de rebeldes por consultas ciudadanas sobre sus contratos menores, la situación urbanística de unas parcelas o las actas de unas comisiones municipales. El Ayuntamiento de Oviedo, la EMA y la Consejería de Desarrollo Rural, el Colegio de Enfermería, la Fundación Faustino Sobrino y una parroquia rural tampoco atendieron al consejo.

En otro escalón están quienes prefieren recurrir al juzgado antes de acatar una resolución del Consejo. Es lo que han hecho el Ayuntamiento de Gozón (tres veces), el de Carreño, la Fundación Universidad de Oviedo, la RTPA y la Consejería de Salud.

Desde el consejo entienden que «los pronunciamientos judiciales también son parte necesaria del camino de la definición e interpretación de una norma tan novedosa», pero «la litigiosidad va en aumento y ese dato nos preocupa», sobre todo en los casos en los que se impulsan pleitos «como estrategia dilatoria o sistemática para demorar o eludir el cumplimiento de las resoluciones».

Más contundente se muestra Eva Belmonte, codirectora de la fundación ciudadana Civio: «Si tienes un organismo que se supone es como un defensor del ciudadano, no puedes estar por sistema recurriendo sus decisiones; eso cuesta dinero y tiempo que no tiene un ciudadano medio».