Transparencia, la ley que pocos cumplen

A punto de cumplirse siete años de la Ley estatal de Transparencia, ELCOMERCIO audita su resultado.La investigación revela cómo la administración central adultera estadísticas y usa fondos públicos para impedir que el ciudadano llegue a informes a los que tiene derecho, que en el Principado son once las consejerías que desde 2015 acumulan vulneraciones a la norma, y qué alcaldes y entes asturianos están en rebeldía y se saltan resoluciones de obligado cumplimiento. Todo ocurre sin que ninguna autoridad o funcionario sea multado, o quizás por ello.

En Transparencia hay avances, pero el resultado está lejos de las obligaciones y principios de una Ley de parto elocuente.

Es 2013 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy logra aprobar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En plena oleada de casos de corrupción, la norma dice aspirar a «una mejor fiscalización de la actividad pública» que permita la «necesaria regeneración democrática» y favorezca el «crecimiento económico». El texto tiene tres patas. De un lado detalla «las obligaciones de publicidad activa», es decir, establece que el sector público debe publicar cuánto cobran sus altos cargos, a quién contrata y cómo usa el dinero, entre otros aspectos.

El segundo mecanismo son las solicitudes de información. Todo ciudadano puede pedir documentos que obren en la administración y se le darán salvo que atente contra las 12 excepciones reconocidas (la seguridad nacional, el secreto profesional, las relaciones con otros países, etcétera). La tercera pata crea un Consejo estatal al que recurrir en caso de incumplimientos.

Los principales países de la UE hace tiempo que tenían normas así. Suecia desde 1766,Francia en 1978, Portugal en 1993... para cuando España da el paso hay 98 países en todo el mundo con leyes de Transparencia. «En vez de aprovechar sus ejemplos, resultó timorata, de mínimos», dice Ricardo Curto-Rodríguez, profesor de la Universidad de Oviedo.

El retraso retrata la política nacional. La competición que luego se dió entre autonomías y ayuntamientos para sacar norma propias más ambiciosas que la nacional, también.

La Fundación Civio suma «más de mil» solicitudes de información a ministerios, comunidades y ayuntamientos y este es el balance de su codirectora, Eva Belmonte: «Estamos muy frustrados; al principio funcionaba mal pero decían que era por falta de rodaje, ahora siguen igual o peor. No publican todo lo que deberían y estamos en cinco juicios porque niegan cosas a las que está muy claro que tenemos derecho».

Primero fue la lista de asesores y personal nombrado a dedo en cada ministerio. Se publicó, incluyendo las retribuciones, y después desapareció de la web. «Estamos en juicios por peticiones de información que hicimos en 2015 para saber los nombres», evoca Eva Belmonte.

Después se torcieron los plazos. La ley marca que las respuestas deben darse antes de un mes y que el margen se amplía en otro solo «en el caso de que el volumen o la complejidad de la información» lo exija. Al principio el reloj echaba a correr desde que el ciudadano registraba la consulta pero «aprendieron que la ley permite computarlos cuando la pregunta llega al organismo que la debe responder y no dice nada de ese espacio intemedio, así que están dejando pasar el tiempo antes de darla por recibida ahí;formalmente pueden tardar diez años y no incumplirían», lamenta. Además el plazo adicional de un mes «se está dando casi por defecto».

El resultado es que se desalienta al ciudadano. «Te obligan a invertir mucha paciencia, pelear cada cosa y argumentarla jurídicamente ante el consejo cuando vas a protestar, y al final, si no sirve, ir al juzgado y gastarte el dinero en ello, eso pocos pueden hacerlo», indica la codirectora de Civio. El «breve plazo de respuesta» que prometía la ley se queda así en el papel y el contenido de la misma también empeora.

Según la web de Transparencia estatal, en 2015 se concedía la información a un 69,4% de las solicitudes;la proporción ha ido disminuyendo progresivamente hasta el 57% de este año.La regresión existe pese a que el dato tiene truco.

«Está adulterado; hubo un momento en que descubrimos que en parte de las respuestas empezaron a decir que te admitían la petición para computarla así en la estadística, pero a renglón seguido la resolución indica que no te dan la información», apunta la codirectora de Civio.

La ley estatal marcaba que la publicidad activa era obligatoria desde 2013, la administración central atendería preguntas en 2014 y comunidades y ayuntamientos tenían un año más para prepararse.

El resultado en el Principado es de luces y sombras. Dice cuánto gana el presidente Adrián Barbón, sus viajes, los caballos que son patrimonio de la administración. Aclara ya quién compone la Comisión de Urbanismo (CUOTA) y qué decide. Pero también arrastra deficits y oficinas a las que cuesta dejar la opacidad.

De 2015 a 2019 fue cerrando el grifo de preguntas atendidas (de un 84% al 66,7%) aunque ahora repunta. El global es de un 72,5%, mejor que la administración estatal pero en su caso supone que una de cada cuatro consultas o se dejan sin respuesta –la consejería aplica otra norma que reconoce como opción la del silencio administrativo y no le comunica al ciudadano esa decisión, en contra de los principios mismos de Transparencia– o se atiende pero fuera del plazo legal de dos meses.Hasta finales del pasado año había 36 respuesta para las que el ciudadano llegó a esperar entre 100 y 300 días.

La base de datos del Principado identifica 99 silencios administrativos, siendo Empleo, Presidencia e Infraestructuras los que más abusan. Contestaciones fuera de plazo las han dado 11 consejerías y lidera también Desarrollo Rural. Este departamento ha declinado dar explicación alguna de ello.

En el limbo del silencio administrativo quedó la Unión de Consumidores de España (UCE). «Vimos que los convenios con los que el Principado financia aerolíneas incluye cláusulas en las que se reserva plazas de cada vuelo», dice su presidente,Dacio Alonso. «Pedimos la lista de quién las aprovechó y por qué». Fue en febrero de 2019 y aún espera. «Esta era la ley estrella, la que iba a poner coto a la corrupción, pero nuestra experiencia con el Principado y el Ministerio de Fomento es que se ha quedado en una ley bonita sin instrumentos para hacerla cumplir», juzga.