La fiscal superior de Madrid preguntó a García Ortiz si había filtrado los correos y este le respondió: «Eso ahora no importa»

Lastra insistió ante el juez del Supremo Ángel Luis Hurtado en que la mañana del 14 de marzo de 2024 su superior jerárquico la presionó con insistencia con llamadas y mensajes para que su departamento desmintiera que había sido la Fiscalía la que había propuesto un pacto a Alberto González Amador, el compañero de la presidenta madrileña.    Una versión que había hecho cundir el jefe de Gabinete de ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Así, la testigo, según fuentes presentes en el interrogatorio, no solo se ratificó punto por punto en la declaración que ya prestó, igualmente como testigo, el pasado 13 de junio ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lastra reveló, además, que aquella mañana del 14 de marzo, poco después de que el digital El Plural publicara el mail íntegro en el que el abogado de González Amador reconocía que éste había cometido un doble delito tributario, en busca de un pacto de conformidad, ella, personalmente, preguntó con tono acusatorio a García Ortiz si era la persona que había filtrado a la prensa afín al Gobierno la cadena de correos entre el letrado y el fiscal del caso, Julián salto. Y, añadió la testigo, la contestación del fiscal general fue: « Almudena, eso ahora no importa».

Lastra relató asimismo que García Ortiz, ya la noche del 13 de marzo, al poco de publicarse que el empresario estaba siendo investigado por un doble delito fiscal y conocerse que Miguel Ángel Rodríguez estaba difundiendo la información de que la Fiscalía General había vetado el citado    acuerdo de conformidad, García Ortiz le conminó en diferentes llamadas a desmentir esa noticia. Y, sobre todo, le avisó de que sería conveniente tener físicamente la cadena de mails entre el abogado de González Amador y el fiscal Salto.

Lastra explicó este jueves en el Supremo que, según le informó el propio Salto, ya a última hora del 13 de marzo (antes de la publicación en prensa del mail íntegro) recibió la orden de la fiscal jefe provincial Pilar Rodríguez (coimputada con García Ortiz en el Supremo) para que remitiera los correos inmediatamente.

A primera hora de la mañana siguiente y antes de que se hicieran públicos los mails, siempre de acuerdo al testimonio de la fiscal superior, García Ortiz y sus colaboradores más estrechos –entre ellos la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado– habrían tenido acceso ya a los correos, puesto que habían dado órdenes a la jefatura de Comunicación de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid de publicar una nota de desmentido que incluía detalles de esos mensajes reservados.

Lastra aseguró ante el juez que esa mañana, camino de la Fiscalía en su coche, recibió la llamada de García Ortiz conminándole a publicar de manera urgente la nota y que ella le dio que no estaba de acuerdo, que no se podían desvelar datos y que necesitaba tiempo. Según la testigo, el fiscal general la volvió a llamar en varias ocasiones y ella no contestó, hasta que recibió una cadena de whatsapps en la que su superior le aseguraba que era «imperativo sacar la nota».

Fue en ese intercambio de mensajes y conversaciones ya avanzada la mañana del 14 de marzo en el que la Lastra le preguntó a García Ortiz si había sido él quien había filtrado a la prensa el mail íntegro poco antes. Una filtración que, como se ha acabado sabiendo, proporcionó una coartada a toda prisa para que el entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que hasta entonces se había negado a esgrimir ese documento que le había pasado Moncloa poco antes, pudiera exhibirlo en la Asamblea de Madrid para interpelar a Ayuso. El fiscal general no desmintió la acusación, de acuerdo con la versión escuchada este jueves en el Supremo.

La declaración de Salto, el segundo testigo clave, fue igualmente comprometida para Garcia Ortiz, pero por otro flanco. Salto, además del instructor del procedimiento contra el novio de Ayuso, es delegado de la Fiscalía en Madrid Digital, la entidad que se dedica a la adecuación de protocolos de seguridatd en los móviles. Según Salto, no existe ningún protocolo que obligue a un borrado de terminales como el realizado por el fiscal general. Lastra también había negado la existencia de instrucciones en ese sentido.