José Antonio Garmón lidera la Dirección General de Transparencia del Principado y es el encargado de que la norma funcione. Hasta octubre las consejerías sumaban 99 preguntas ciudadanas que habían decidido no responder y 41 que expresamente desestimaron, una proporción rara. Como si ... ante consultas polémicas prefirieran callar a exponer razones para denegar la información. Garmón dice que «cada consejería tiene autonomía» para decidir cómo gestiona las peticiones. «Desconocemos los criterios que utilizan para dar o no respuesta». Admite que su opinión es que «todas deberían recibir respuesta».
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Así lo especifica el borrador de Plan Estratégico de Transparencia que acaba de someter a consulta pública. En él trata de corregir las actuales disfunciones. La guía insiste en que hay que «responder a todas» las solicitudes y urge a «reducir el tiempo de resolución por debajo del plazo legal de un mes», fijando como objetivo dejarlo en 10 días. El plazo medio ahora es de 42 días; lleva tres años empeorando según los datos analizados por ELCOMERCIO, si bien el director general los deja en dos.
El plan quiere dar una vuelta a la web autonómica de Transparencia, que ahora funciona como un juego de espejos, donde la información de un sitio está desfasada y su actualización en otro lado. En el apartado de covid se detallan los contratos de emergencia, pero solo hasta julio; los posteriores andan en otra web . El visualizador de estadísticas de contratos muestra qué empresas se llevan más pero se dejó de actualizar en 2017.
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Quien quiera indagar en las empresas que más contratos menores logran necesita paciencia. Solo los de este año están en diseminados en 67 listados en PDF, formato que impide su procesado. El plan insta a lograr actualizaciones automáticas de la información y «sustituir totalmente la publicación de documentos PDF por formatos reutilizables, centrados en el dato y no en el documento».
Para esas mejoras buscará apoyo fuera del Principado. Se fija como meta hacer una «compra pública de innovación» al año para desarrollar «soluciones de producción de datos reutilizables», así como buscar alianzas con terceros para «aprovechar la generación de datos en los distintos sectores de la actividad administrativa (incluida la sanitaria, educativa o ambiental) para la mejora de los servicios públicos».
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