El PP y Vox, contra la reforma constitucional que borra el término «disminuidos»

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado a ambos grupos políticos a retirar sus enmiendas y reconsiderar su rechazo. Sin embargo, a pesar de la petición, los dos grupos denuncian la falta de consenso y los populares subrayan que «no es el momento político oportuno para abrir el melón de una reforma constitucional, con el Gobierno dependiente de fuerzas independentistas».

El Gobierno aprobó ya un anteproyecto de reforma del artículo 49 el 7 de diciembre de 2018, el día siguiente del 40 aniversario de la Constitución, al entender que el término «disminuido» referido a las personas con discapacidad es «obsoleto e injusto», pero la iniciativa decayó con la convocatoria electoral. El pasado mayo la reforma fue retomada por el Consejo de Ministros y, de salir adelante, supondría la tercera enmienda al texto constitucional, tras la del artículo 13 en 1992, para permitir el sufragio pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales, en aplicación del Tratado de Maastricht; y la del artículo 135 en 2011, que fijó la estabilidad presupuestaria.

Por su lado, el PP explica que no se opone a esa modificación del texto en concreto, sino a la oportunidad política de abrir una reforma constitucional en estos momentos, precisó Cuca Gamarra, que criticó también que el Gobierno no haya buscado consensos previos y destacó además que el texto «no cuenta con el respaldo del Consejo de Estado».

En la línea, Vox también denunció que no haya habido «acercamiento alguno» por parte del Ejecutivo para conocer la posición de otros grupos. Asimismo, en su enmienda señalan que es una reforma «inidónea, ociosa y de una técnica legislativa abrumadoramente deficiente».

Por su parte, el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y formaciones minoritarias como Compromís, Junts y el PDeCAT han reprochado este jueves al PP y Vox que pretendan frustrar la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de coalición para acabar con el término 'disminuido' que recoge el artículo 49 de la Carta Magna. Les acusan de ser «rehenes» de su política de «tierra quemada» y les piden que «rectifiquen».

Según ha recalcado el actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, esta modificación «no es fruto de la voluntad del Gobierno, sino del cumplimiento de un deber que tenemos como sociedad y que nace del diálogo con la sociedad civil». «El consenso tiene que ser indiscutible cuando hablamos de reformas encaminadas a eliminar discriminaciones», ha dicho Bolaños, quien ha confesado que no entendería que esta reforma no saliera adelante con una «amplísima» mayoría. Por lo que, según ha defendido, lo único que busca esta propuesta es «remover obstáculos» para «consagrar el derecho a la dignidad y libre desarrollo» de las personas con discapacidad y la «obligación» de los derechos públicos de promover a este colectivo de manera integral.

El resto de grupos que han intervenido -a excepción de ERC, el PNV y Bildu, que han renunciado a participar en el debate- han cargado contra los promotores de las enmiendas a la totalidad a las que el PSOE, a través de su diputado Joan Ruiz, ha mostrado su «total y absoluto» rechazo.