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El Artículo 49 de la Constitución Española, dedicado a la protección de personas con discapacidad, incluirá la primera reforma que se hace a nivel social, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Entre las modificaciones que incluye está la supresión ... expeditiva del término 'disminuido' por 'personas con discapacidad', un cambio consensuado en todo el ámbito internacional y reclamado por Naciones Unidas.
La Moncloa acogió el acto de la reforma del artículo 49, en el que Pedro Sánchez apeló a la «responsabilidad y conciencia cívica» de todos los grupos parlamentarios para aprobar por «unanimidad» la reforma. El presidente recalcó la importancia de «facilitar la accesibilidad universal eliminando barreras no solo físicas, sino también mentales» para conseguir la igualdad y la plena inclusión. Además, consideró que la modificación pone a España «a la vanguardia» en derechos sociales.
Esta reforma, que no solo comprende modificaciones en el lenguaje, supone el inicio de un cambio. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, advierte de que esta modificación va más allá de una alteración de la terminología y supone «una reforma integral y en profundidad en la estructura y contenido» de la norma. Para la presidenta de la Fundación A la Par, Almudena Martorell, «la eliminación del término 'disminuidos' es el punto de partida para que se empiece a construir algo desde una mirada diferente» hacia el colectivo.
En España hay más de tres millones de personas con discapacidad y con esta reforma se prohibirá cualquier tipo de discriminación hacia este colectivo. Se establece la obligación de los poderes públicos de promover su libertad e igualdad real y efectiva y se reconoce por primera vez en la Constitución la protección particular que requieren las mujeres y las niñas con discapacidad, por ser un colectivo especialmente vulnerable.
España lleva años tras el cambio, pues ya en 2005 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero propuso una variación de términos y se comprometió públicamente a realizar una reforma del artículo. En el año 2018 el Consejo de Ministros volvió a sugerir una actualización para adaptarlo pero no se comenzó a realizar un trabajo serio con reuniones de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad hasta el año pasado. «Cuando todo parecía que estaba listo, vino el estado de alarma y se paralizó», aseguró a ABC Luis Cayo, presidente del Cermi. Con el fin del estado de alarma, el Gobierno consideró que debía ser una de las primeras medidas que se adoptarían, ya que las modificaciones constitucionales no pueden realizarse durante el estado de guerra, alarma, excepción o sitio.
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