La jueza obliga a Villa a acudir a la Audiencia

La magistrada, tras la oportuna consulta al Instituto de Medicina Legal, que entendió que el alta médica le permitía acudir al juzgado, requirió la presencia del investigado. Éste llegó apenas media hora más tarde. Lo hizo más desaliñado que de costumbre, pero siguiendo la rutina habitual: en taxi y acompañado por su mujer, María Jesús Iglesias.

El juicio se retomó entonces con normalidad, aunque su abogada, Ana García Boto, hizo constar su protesta por el hecho de que la sala denegara su petición de que su cliente fuera sometido a una nueva exploración médica. «Los forenses no consideran que lo necesite», zanjó la magistrada que, al igual que al fiscal, Enrique Valdés-Solís, se les pudo ver visiblemente molestos por lo ocurrido.

La sesión contó con la declaración de tres testigos. Ricardo Antuña, el único miembro de la junta de administración que no firmó las cuentas del SOMA, explicó que se negó a aprobarlas cuando supo que el propio Villa había mostrado, por escrito, ciertos reparos a hacerlo y que había pedido que le fuera facilitada la documentación de forma detallada. No existe sin embargo en el sumario de la causa la misiva a la que Ricardo Antuña hace referencia y que, según su versión, habría leído el secretario de la junta, Amalio Fernández, en una de las asambleas. «Me sorprendió que él pusiera reparos y solicité también todas las cuentas pormenorizadas, pero no me las facilitaron. No solo eso, me pusieron todo tipo de problemas», rememoró. Antuña apuntó a Amalio Fernández y a Juan Cigales, en su condición de contable, como los responsables finales de la contabilidad del sindicato; si bien a preguntas del abogado de la acusación, Miguel García Vigil, del bufete Ontier, que defiende los intereses del SOMA, reconoció su relación familiar con el entonces tesorero de la organización, Ramón Fernández.

También declaró en calidad de testigo Juan José González Pulgar, ex secretario de Organización del sindicato, quien confirmó que eran necesarias dos firmas mancomunadas para realizar operaciones bancarias en las cuentas del sindicato. Por su parte, Juan Ramón García Secades, presidente de Hunosa entre 2004 y 2012, defendió el mecanismo de pago de dietas utilizado por la hullera pública.

También se escuchó a tres peritos económicos en la sala. Los dos primeros, Begoña Abdelkader y Mariano Bel, autores de los informes internos y externos, respectivamente, que sustentan la querella del SOMA, mantienen que Villa no justificaba adecuadamente los gastos ya que «la factura por sí sola no sirve, tiene que estar relacionada con una actividad», argumentó Bel, quien se refirió también a las numerosas salidas de caja sin justificar y a los coches a nombre del investigado «que de una u otra manera pagaba el SOMA». Adolfo Suárez Fueyo, responsable del informe económico encargado por la defensa, aseguró que la documentación a la que tuvo acceso para realizar el estudio fue «insuficiente»; mientras que el perito calígrafo, Francisco Diego Llaca, señaló que mientras las notas de gastos estaban escritas por otra persona, las firmas que acompañan esos documentos sí corresponden a Villa.

La magistrada dio la oportunidad a las partes de continuar ayer con el juicio con la lectura de los informes y las conclusiones finales, para dejarlo listo para sentencia. La Fiscalía y la acusación consideraron apropiado hacerlo, teniendo en cuenta el estado de salud del investigado y sus continuos ingresos hospitalarios. Sin embargo, su abogada prefirió continuar con el juicio mañana miércoles, tal y como estaba previsto. Será entonces, si no hay ningún otro sobresalto, cuando quede visto para sentencia.