José Luis Ábalos, Adriana Lastra y Gabriel Rufián. EFE

La investidura encara su semana crucial pendiente del futuro de Junqueras

Los socialistas esperan el regreso de ERC a la mesa de negociación y buscan cerrar los «flecos» para investir a Pedro Sánchez antes del día de Reyes

Lunes, 23 de diciembre 2019, 00:30

En plenas fechas navideñas y con la Lotería ya repartida, las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez encaran su semana clave a partir de este lunes. Los focos del siguiente acto de una obra que ya se alarga desde el pasado 28 de abril ... estarán puestos sobre la Abogacía del Estado, protagonista involuntario de la jornada, que se pronunciará a partir de este lunes sobre la sentencia dictaminada el pasado jueves por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), que reconoció la inmunidad del presidente de ERC, Oriol Junqueras, al haber sido elegido eurodiputado. En el Gobierno confían en un escrito favorable por parte de los servicios jurídicos del Estado que pueda servir como gesto a ERC para que estos decidan volver a una mesa de la que se levantaron tras la decisión del tribunal europeo. El veredicto llevaba tiempo marcado en la agenda de ambas formaciones, pero su impacto emocional heló las conversaciones entre ambas fuerzas.

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«Si la Abogacía se aproxima a nuestra defensa, todo esto ayudará a ver que hay una voluntad de abrir camino», insinuó este domingo el vicepresidente de la Generalitat y miembro de ERC, Pere Aragonès, en una entrevista en TV3, en la que también confiaba en que el escrito se posicione «cerca» de pedir la anulación del juicio a Junqueras. Una respuesta más combativa que lo marcado por su partido en el Congreso del día anterior, en el que se mostraron favorables a acelerar la investidura de Sánchez y a alejarse de la vía unilateral de independencia.

Los socialistas, mientras tanto, contienen la respiración después de que el sábado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, afirmara tajantemente que «las sentencias hay que cumplirlas», y culpara a la «herencia» del PP -en relación al juicio del 'procés', en el que fue condenado Junqueras- por la «deriva que tomó Cataluña».

Gestos que ya no podrán hacer realidad el deseo manifestado en incontables ocasiones desde el 10-N por el PSOE y Unidas Podemos, que esperaban que los españoles cenasen en Nochebuena con un Gobierno de coalición. Mientras aguardan el regreso de los soberanistas a las negociaciones buscan otro hueco en la apretada agenda de las comilonas navideñas. Nochevieja y la víspera del día de Reyes se vislumbran como alternativas más probables para la votación de la investidura que encumbre a Pedro Sánchez a la Moncloa. Los socialistas esperan que eso suceda, como muy tarde, el 5 de enero, aunque hoy o mañana podrían intentar forzar la celebración de la sesión los días 27, 28 y 30 de diciembre. Es una posibilidad siempre que los «flecos» que quedan por cortar en el contrato con ERC se dejen para más adelante.

Un segundo referéndum

Uno de ellos es terminar de fijar el contenido de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat y cuáles serán los asuntos a tratar en él, cuyas negociaciones ya van muy avanzadas. El PSOE es consciente de que ERC no renunciará a un referéndum, como reconoció el mismo Aragonès este domingo. «Evidentemente que se debe hacer otro», dijo.

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Los republicanos no solo miran hacia Madrid. Los compromisos a los que se lleguen para la investidura podrían condicionar sus resultados en unas futuras elecciones en Cataluña, en las que aspiran a ser fuerza dominante en sustitución del espacio que dejaría libre JxCat.

El de ERC no es el único obstáculo que le quedaría a Sánchez si llega a un acuerdo con los soberanistas. Su investidura también depende de un puñado de partidos que intentarán marcar su propia agenda como PRC, Teruel Existe o Coalición Canaria, cuyos representantes ya han mostrado su intención de no apoyar ninguna opción que «se salga del marco constitucional». La respuesta se conocerá antes de Reyes.

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Rosa Seoane.

La Abogacía del Estado, de nuevo protagonista a su pesar

MELCHOR SÁIZ-PARDO | Madrid

En la Abogacía del Estado todavía no terminan de entender cómo diantres han acabado en el epicentro de este embrollo. O lo que es lo mismo: «¡¿Cómo el sentido de un dictamen jurídico de carácter técnico en un procedimiento penal puede decidir la negociación política de la formación del Gobierno de España?!».

En los servicios jurídicos del Estado nadie oculta que «incomoda», y mucho, la posición de «actor político» en la que ERC ha colocado a la Abogacía y a las posibles consecuencias que podría tener su decisión sobre su interpretación de la inmunidad de Oriol Junqueras cuando fue elegido eurodiputado.

La Abogacía del Estado defendió en su momento que el exvicepresidente fuera excarcelado para poder hacerse con su acta como parlamentario europeo y, según los expertos jurídicos del Ministerio de Justicia, esa será la posición que mantenga ahora a la pregunta del Supremo sobre el alcance de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Pero, más allá del indeseado papel de protagonista, en la Abogacía del Estado molesta la «vitola política» que está salpicando a este departamento, otrora totalmente ajeno a polémica partidista. Esta deriva que disgusta tanto a los juristas del Estado comenzó -y en esto hay coincidencia casi absoluta- con la llegada a Justicia de la fiscal progresista Dolores Delgado. Una de las primeras decisiones de la ministra de Sánchez fue nombrar a Consuelo Castro como nueva jefa del servicio jurídico en sustitución de Eugenio López.

Fulminado

La polémica llegó a las cotas máximas cuando Castro en noviembre de 2018, solo tres meses antes del inicio del juicio del 'procés', fulminó al abogado del Estado que hasta entonces había dirigido la instrucción de este caso, Edmundo Bal, quien luego acabó fichando por Ciudadanos. Los más llamativo es que desde Justicia no se acertó a dar una razón de peso del cese de Bal al frente de la instrucción.

Bal fue sustituido por Rosa Seoane en el proceso a los líderes independentistas. Desde el principio Seoane, quien entonces no tenía ni idea de qué iba el sumario, fue tachada de ser una comisaria 'sanchista' en el juicio. Una aureola sectaria que se incrementó cuando la acusación del Estado contra Junqueras y el resto de procesados pasó de la rebelión a la sedición, con la consiguiente reducción de petición de condenas.

Durante cuatro meses, Seoane y su mano derecha, Elena Sáenz, lucharon desde los estrados del Supremo para sacudirse las acusaciones de 'lacayas' de Sánchez. La sentencia del 'procés' les dio la razón al rechazar la acusación por rebeldía que sostenía la Fiscalía y certificar la sedición de la Abogacía.

Ahora, la Abogacía, muy a su pesar, se la vuelve a jugar en un papel que nunca pidió jugar. Pero ahora no se trata de una sentencia, sino de la gobernabilidad del país.

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