El Gobierno no se apea de la defensa del fiscal general del Estado después de que el juez del Tribunal Supremo lo citara para interrogarlo como investigado el próximo 29 de enero al encontrar indicios de que su departamento pudo haber actuado en connivencia con Moncloa ... para utilizar información confidencial del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con una «clara finalidad política». La ministra portavoz, Pilar Alegría, cuestionó este martes la decisión del instructor Ángel Hurtado con el argumento de que «no hay ninguna prueba concreta» que señale a Álvaro García Ortiz como responsable de la filtración del correo electrónico en el que Alberto González Amador reconocía haber cometido varios delitos fiscales en un intento de alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía.
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Alegría evitó hablar específicamente de prevaricación y aseguró que el Ejecutivo mantiene su «confianza» en la Justicia. Pero en su habitual comparecencia semanal en la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, puso en solfa el último auto del magistrado no solo en lo que afecta al máximo responsable del Ministerio Público, sino también en lo que respecta al señalamiento a la Moncloa. «Las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios y aquí –dijo– no los hay». La ministra tildó incluso de «elucubraciones» los razonamientos del juez y dejó claro que el Ejecutivo se mantendrá en su defensa de García Ortiz incluso en el caso de que llegue a abrírsele juicio oral.
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«El origen del delito –apuntó, insistiendo en la línea argumental que el Gobierno ha mantenido desde el primer día en este asunto– está donde está y está en la pareja de la señora Ayuso. Por cierto, hace ya un año que conocimos que ha cometido dos delitos fiscales y a estas altura, que sepamos, ni siquiera ha declarado ante el juez». Alegría cargó además contra el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, y alegó que en su declaración la semana pasada dejó al descubierto la cantidad de «bulos y mentiras» utilizados para defender al novio de su jefa.
Entre tanto, el instructor Hurtado, ajeno a las andanadas desde Moncloa, confía en que la declaración de los de los testigos claves de este caso arroje mañana algo de luz sobre ese intercambio de whatsapps que ha desaparecido del móvil de Álvaro García Ortiz, quien además de borrar cambió de terminal el 23 de octubre cuando ya estaba encausado por el Supremo. E igualmente sobre las maniobras de éste con sus subordinados entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, cuando se gestaron y tuvieron lugar las filtraciones sobre la investigación del fiscal Julián Salto a González Amador por los dos delitos fiscales en los ejercicios de 2020 y 2021.
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Esos testigos claves son el propio Salto, que siempre ha sostenido que la idea de un pacto nunca surgió de su parte como sostiene el entorno de Ayuso, y la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien en un principio se negó a distribuir la nota aclaratoria la mañana del 14 de marzo desmintiendo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez de que había sido la Fiscalía la que había propuesto un pacto cuando fue al contrario.
La intención del instructor es no repetir el interrogatorio de ambos en su día ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que entonces estuvo centrado en la supuesta revelación de datos en la nota de prensa, una tesis que ha descartado el Supremo, que solo investiga ahora la filtración del correo entre Salto y el abogado de González Amador del 2 de febrero en el que el letrado Carlos Neira reconocía los dos delitos tributarios cometidos por su cliente.
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Tanto Lastra como Salto están en el centro de la avalancha de llamadas y mensajes que se cruzaron los responsables de la Fiscalía en los días de la filtración y en particular los tres imputados en el Supremo: el propio fiscal general, Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y desde este lunes el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe Díez, mano derecha de Álvaro García Ortiz.
Julián Salto envió el 12 de marzo a las 9:23 copia de la denuncia al abogado de González Amador, cuando tres horas y media antes se había publicado ya en los medios la noticia de la acusación contra el novio de Ayuso. Al día siguiente, cuando la Fiscalía General ordenó desmentir que el pacto había surgido de Fiscalía, la imputada Pilar Rodríguez «se comunica» con Salto en dos ocasiones:a las 21:39 horas y a cuatro minutos después). «Por la sucesión de hechos que se producen a continuación se colige que esta llamada tiene como motivación que Salto facilite los correos cruzados con el abogado de González Amador», apuntó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe a partir del volcado del teléfono móvil de la fiscal jefe.
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En su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Salto ya dijo que tanto Lastra como Rodríguez le llamaron el 13 de marzo por la noche mientras estaba viendo en un estadio de fútbol un partido de Champions para preguntar por esa denuncia en concreto y la posibilidad de llegar a un acuerdo con la defensa de González Amador, pero que no lo consideró en modo alguno irregular.
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