«Tengo déficit físicos muy importantes que me limitan» y «un confusionismo tremendo», declara Fernández Villa

El ex secretario general del SOMA dijo querer hacer uso de este derecho para decir «dos o tres cosas» después de escuchar las conclusiones de su defensa, a cargo de Ana García Boto, quien pidió la absolución de su cliente tras tratar de demostrar que no se había garantizado un juicio justo, especialmente en la fase de instrucción, y que la querella del SOMA obedecía a la «necesidad de hacer leña del árbol caído» tras sentirse «defraudados» por la regularización de 1,2 millones de euros en la amnistía fiscal por parte de quien fuera su máximo responsable sindical durante treinta años. «Pero esa regularización todavía está siendo investigada, el SOMA debería haber sido más cauteloso» porque, argumentó, si como entiende la acusación el dinero del sindicato se «malgastó» en puros y restaurantes, «no estaba en una caja fuerte para llevarla a un banco para regularizar». El sindicato, no obstante, siempre rechazó que la fortuna oculta de Villa hubiera procediera de su patrimonio y se limitó a acusar al exlíder sindical de apropiarse indebidamente de más de 430.000 euros que utilizó para fines distintos a la actividad sindical que ejercía.

La abogada de Villa insistió ayer en que buena parte de los hechos delictivos que se imputan a su cliente están prescritos y que no se garantizó el derecho de defensa del exdirigente sindical en varias ocasiones. Citó, entre otras, la negativa de la jueza de instrucción, Simonet Quelle Coto, a que un perito designado por la defensa estuviera presente durante la exploración neurológica a la que, a instancia de la acusación, se sometió el exsindicalista. «Incluso se me amenazó a mí con la detención, que ha sido el acto más humillante que he sufrido en mi vida profesional», llegó a decir García Boto. La letrada aseguró que en los dos últimos ingresos hospitalarios de su cliente -el primero motivó incluso la suspensión temporal del juicio- sufrió sendas anginas de pecho y «cualquier cardiólogo sabe que se pueden convertir en infarto en cualquier momento». Sin embargo, se quejó, la Audiencia Provincial denegó la posibilidad de que Villa se sometiera a una nueva exploración forense. Boto llegó a poner en duda la profesionalidad e independencia del Instituto de Medicina Legal de Asturias. «Si no son capaces de diferenciar entre un vivo y un muerto, dudo que puedan hacerlo entre una persona con patología y otra sana», llegó a manifestar, para acabar diciendo que el deterioro cognitivo de su cliente «se agravó en el último mes» y «si no se acuerda de lo que cenó ayer cómo se le voy a pedir que recuerde a quién le regaló un perfume hace años».

Al margen de esto, la defensa entiende que los gastos realizados por José Ángel Fernández Villa como gastos de representación están «justificados» e, incluso, hizo un cálculo para cifrar en entre los 600 y 751 euros al mes -según diferentes criterios- los gastos del exsecretario general en este concepto. «Para el hombre que tenía una mano de hierro, el que más mandaba en Asturias, como dice la fiscalía y la acusación, no creo que fueran unos gastos ni excesivos ni desproporcionados», sentenció la letrada. Criticó también la «doble vara de medir» que, en su opinión, ha demostrado la acusación al no querellarse contra otros dirigentes del sindicato, citando explícitamente al exsecretario de administración de la junta, Amalio Fernández, quien según la contabilidad también realizó importantes gastos de representación que, desde la organización, sí se consideran justificados. «Pero el SOMA puede dejarse robar por quien quiera», ironizó.