El exsecretario general del PSOE de Avilés y la denuncia al fiscal, dos versiones distintas de una misma reunión

La decisión del PSOE responde a una petición del propio Álvaro Álvarez. El actual secretario general de los socialistas avilesinos, Luis Fernández Huerga, señaló que el exdirigente le trasladó ayer por la mañana su deseo de causar baja como militante «para no perjudicar al partido». Por lo pronto, según apuntan desde la formación, se trata de una suspensión temporal a la espera de que se esclarezcan los hechos denunciados. «Es una decisión que le honra», subrayó Huerga. Por su parte, fuentes de la FSA ratificaron el comunicado de la agrupación de Avilés sobre este asunto.

Esta suspensión viene motivada por la denuncia remitida a la Fiscalía desde la Mesa de Contratación del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) señalando que dos empresas pusieron en su conocimiento que un ex alto cargo del Principado se ofreció a mediar a su favor en el concurso en el que compiten con otras dos sociedades. Tanto Lezama Demoliciones como Construcciones Los Álamos -que concurrieron en una UTE- coincidieron en identificar como presunto responsable al exviceconsejero de Administraciones Públicas del Principado.

Álvaro Álvarez, que en un primer momento afirmó desconocer por completo este asunto rechazando el ofrecimiento de este periódico para dar su versión de lo ocurrido, hizo público ayer un comunicado confirmando que sí celebró un encuentro con representantes de Lezama Demoliciones pero, según su escrito, también «con una empresa del sector local». En cualquier caso, niega algún tipo de ofrecimiento para influir o intermediar en favorecer los intereses de estas compañías en el concurso. «Ni los hechos que se me atribuyen por parte de estas empresas se produjeron, ni yo me ofrecí para llevarlos a cabo. Y mucho menos, a cambio de ningún tipo de contraprestación», afirma Álvarez.

Salvo en la celebración de la reunión el 31 de diciembre, ahora ya reconocida por ambas partes, las versiones de Álvarez y la denuncia remitida al fiscal apenas coinciden en nada más. Según recoge el escrito de la mesa de contratación, las empresas sostienen que el exsecretario general del PSOE de Avilés se ofreció a ayudar en la adjudicación del contrato a cambio de una comisión. El testimonio de los empresarios también indica que la reunión se celebró por el interés del propio Álvarez «con la excusa de hablar de unas baterías».

Lo que parece claro es que no se produjo ningún acuerdo y menos un pago. En la versión del exdirigente avilesino, porque la petición de dinero nunca tuvo lugar. En cambio, según los detalles de la investigación desarrollada hasta el momento por la mesa de contratación, a los que ha tenido acceso EL COMERCIO, tanto Lezama Demoliciones como Constructora Los Álamos rechazaron de plano cualquier ofrecimiento y a continuación se dirigieron a los responsables del PEPA para denunciar lo ocurrido. De hecho, sus declaraciones fueron el detonante de una serie de actuaciones que ahora han terminado sobre la mesa del fiscal. A este respecto, el exviceconsejero Álvaro Álvarez cree que resulta «nada creíble atribuirme una capacidad de influencia de la que carezco por completo en un procedimiento de contratación que corresponde exclusivamente a una empresa de la Administración General del Estado». Por su parte, el secretario general de los socialistas de Avilés expresó ayer su deseo de que este proceso se resuelva «cuanto antes» y quede despejada cualquier duda sobre su supuesta participación. El pasado 12 de enero se dieron a conocer las tres finalistas para la adjudicación de este contrato: Eiffage Infraestructuras, la UTE de Lezama Demoliciones y Constructora Los Álamos, y Construcciones Erriberri. La licitación en cuestión alcanza un importe de 15,6 millones para el desmantelamiento y enajenación de materiales y residuos de las baterías de cok en Avilés.