Asturias, Galicia, Castilla y León y Aragón exigen una financiación basada en la «equidad»

Así lo reflejan en la declaración institucional que los presidentes asturiano, Javier Fernández; gallego, Alberto Núñez Feijoó; castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, y aragonés, Javier Lambán, suscribieron ayer en la reunión que celebraron en el palacio del Conde Luna, en la capital leonesa. Se trata de un documento en el que estos cuatro gobiernos autonómicos marcan sus posiciones respecto al modelo de financiación autonómica, que será revisado, así como de la estrategia sobre el problema demográfico del país, especialmente acentuado en estas regiones.

En el documento, los presidentes transmiten al Gobierno de España la «necesidad perentoria de defender como prioritaria» la definición del nuevo modelo de financiación autonómica. Para todos ellos, se trata de una cuestión que debe abordarse de forma «inmediata», puesto que los tiempos electorales apremian, para «poder garantizar la prestación de los servicios fundamentales».

En el documento, las cuatro comunidades dejan claros sus posicionamientos, que como dijo el presidente gallego, «son inamovibles, aquí, y ante el gobierno que sea, gobernado por quien sea». Por ello, reclaman un sistema de financiación «similar» para todos los territorios, con «independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios». Así, los gobiernos de Asturias, Castilla y León, Galicia y Aragón apuestan por un modelo que incluya el coste efectivo de los servicios que se presten. Es decir, que a la hora de establecer el reparto se tengan en cuenta también los criterios de población, edad, dispersión... En definitiva, que estos criterios atiendan a las necesidades de gasto reales. Para explicar su posición, los presidentes de estas cuatro comunidades pusieron el ejemplo de la sanidad, un servicio cuyo coste de prestación no es similar en comunidades más urbanas y menos envejecidas, como Madrid, que en otras, como Asturias, donde la dispersión de la población, la orografía y el envejecimiento encarecen la prestación de esos servicios.

El modelo que defienden debe ser fruto de un consenso multilateral y que contemple la corrección de los déficits de financiación en los servicios que presenta el vigente sistema. Es por ello por lo que reclaman una evaluación del efecto de la aplicación de la ley de dependencia y que el cálculo de las necesidades se haga teniendo en cuenta el número de personas dependientes atendidas; el grado de dependencia, tipo de prestación y dispersión territorial.

También se reclama al Gobierno una evaluación del déficit de financiación del gasto sanitario, ajustando las variables de grupos de edad. En este sentido, se pide que se recoja la creación de nuevos tramos a partir de 65 años aumentando su ponderación.

En la rueda de prensa posterior a la firma de la declaración conjunta, Javier Fernández ahondó en la necesidad de establecer una «contabilidad analítica de los costes» para que los servicios esenciales sean similares en España. Es por ello por lo que reclamó un fuerte «compromiso entre federalismo y solidaridad para fomentar la igualdad» entre los ciudadanos.

Fernández recordó que, al menos desde 1993, todas las reformas de los sistemas de financiación «han estado condicionadas por Cataluña», una comunidad a la que «finalmente no ha servido ninguna, ya que todas le parecieron insuficientes». Por ello, el presidente del Principado insistió en pensar en términos de solidaridad desde el convencimiento de que «lo que cohesiona un país es el territorio más que las banderas».

En la declaración conjunta suscrita también se reclama al gobierno central que presenta la propuesta de Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Las cuatro comunidades reunidas hoy en León reclaman que se asegure la cobertura de internet con banda ancha de al menos 30 megas en el 100% de la población en 2020.