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D. F.
LEÓN.
Martes, 20 de febrero 2018, 02:27
La buena sintonía entre los gobiernos de Asturias, Castilla y León y Aragón ha servido para que los gobiernos de estas tres comunidades hayan aprovechado su encuentro en la capital leonesa para firmar una declaración en la que reclaman un pacto de ... Estado por la energía para afrontar «una transición energética ordenada» y que permita el uso del carbón. Aunque el documento no fue suscrito por Galicia su presidente, Alberto Núñez Feijoó, sí garantizó su apoyo.
En el documento se deja constancia de la necesidad de alcanzar un pacto de Estado que establezca un objetivo de mix energético y de generación eléctrica de futuro «compatible con la defensa de un aprovechamiento coherente de los recursos autóctonos». Los presidentes del Principado, Javier Fernández, de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y Aragón, Javier Lambán, coinciden en la declaración firmada ayer en que la lucha contra el cambio climático «es irrenunciable», pero debe considerar no solo los impactos medioambientales, sino, también, los socioeconómicos.
De esta forma, consideran necesario establecer de nuevo un procedimiento de despacho «preferente» para las centrales que utilicen carbón autóctono como «obligación de servicio público», así como que se garantice la presencia de este mineral en el mix energético. «Al menos -reza el documento- que el límite maximo fijado para los combustibles fósiles autóctonos no sea inferior al 5%» en ese mix.
Reivindican las tres comunidades que las centrales térmicas de carbón continúen operativas, al menos hasta 2030, y respaldan el «endurecimiento, con todas las garantías legales, de las exigencias de la actual normativa de autorización del cierre de las centrales de generación», como las anunciadas por Iberdrola para Lada y Velilla. Javier Fernández recordó que el energético es un sector «de interés general», compuesto por empresas privadas «que tienen poder de mercado, pero que no debería decidir cuándo se cierra una instalación, sino que es algo que tendría que decidir el regulador, que es el Gobierno de España».
En el documento suscrito en León también se considera necesario que se establezcan fórmulas que permitan una flexibilidad en la devolución de las ayudas al cierre de las minas para que las empresas que puedan ser viables puedan seguir activas más allá de 2018, que es la fecha fijada por la UE para el cierre de las no rentables .
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