5.237 millones para reactivar Asturias

En un ejercicio marcado por la crisis sanitaria, económica y social que está provocando la pandemia y tras la decisión del Gobierno central de suspender las reglas fiscales en línea con las medidas adoptadas por la UE para favorecer la reconstrucción postcovid, el Principado ha optado por utilizar todos los mecanismos a su alcance para poner encima de la mesa el máximo de recursos posibles. Se ha incrementando la deuda «con rigor y responsabilidad», en palabras de la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, y se ha agotado la tasa de referencia de déficit establecida por el Ministerio de Hacienda.

Teniendo en cuenta que las previsiones de ingresos fiscales a lo largo de 2021 son a la baja y que incluso se esperan menos recursos procedentes de la financiación autonómica, el departamento que encabeza Cárcaba prevé formalizar un endeudamiento financiero por importe de 933,8 millones a lo largo del próximo ejercicio, cifra que, en términos presupuestarios, se reduce a 332 millones si se restan las cuantías destinadas al pago de amortizaciones y las reservadas para adelantar 47 millones de los fondos europeos que, hasta que se canalicen a través de la UE, deberán financiarse mediante deuda. Motivo por el que, igual que el resto de las comunidades, el Principado ha decidido ser cauto y contabilizar en sus cuentas únicamente la previsión que ya se conoce del React EU y no otros fondos europeos, como los de resilencia, en teoría más cuantiosos pero de los que en este momento existe escasa concreción.

Como consecuencia de todas estas medidas se estima que la deuda viva del Principado se incremente en unos 300 euros a lo largo del próximo año, con respecto a la previsión de 4.446 millones con la que trabaja el departamento de Hacienda para finalizar este ejercicio, lo que supondría rozar el 20% del PIB.

El resultado son unos presupuestos históricos en los que crece tanto la inversión social en 209 millones, hasta los 3.414 millones, como la inversión productiva, que se eleva un 32,2% hasta los 483 millones, frente a los 366 del ejercicio actual. Unas cuentas que además incluyen, como eje central, un fondo de rescate cuantificado en 100 millones de euros a repartir no solo entre los sectores económicos directamente afectados por las restricciones de actividad impuestas por cuestiones sanitarias, sino también entre sectores perjudicados de forma indirecta.

La Consejería de Salud se lleva cuatro de cada diez euros de los presupuestos. Una proporción similar a la de otros años, pero que, teniendo en cuenta el incremento general de las cuentas, se traduce en un aumento de su dotación un 7% con respecto a las cuentas en vigor, hasta los 1.968 millones. De esa cuantía, 60 millones están asociados directamente a la covid porque 34 van dirigidos a la contratación y refuerzo de personal y los otros 26 millones a la compra de equipamientos y material de protección.

Los presupuestos que la Consejería de Hacienda entregó ayer a la vicepresidenta primera de la Junta, Celia Fernández, para iniciar su tramitación parlamentaria, son el resultado de la negociación llevada a cabo por el Gobierno regional y la FSA en las últimas semanas a cuatro bandas con Ciudadanos, Podemos, IU y Foro. Vox fue excluido de las conversaciones por el propio Ejecutivo regional desde el minuto uno, mientras que con el PP hubo una reunión inicial, pero las negociaciones enseguida se enfriaron. Aunque no existe en este momento acuerdo cerrado con ninguna otra formación, necesario para sacar las cuentas adelante, los socialistas han incorporado en el proyecto de ley propuestas de los cuatro grupos con los que mantiene abierto el diálogo con el objetivo de garantizar un pacto lo más consensuado posible.

El refuerzo de lo que las formaciones de la izquierda han denominado el 'corazón social' del presupuesto, no solo por la creación de un fondo de rescate sino por el esfuerzo especial en las políticas vinculadas a la Consejería de Derechos Sociales (con un incremento de 22,9 millones en dependencia y 5 para el tercer sector) está siendo clave para conseguir el respaldo de Podemos e IU. Mientras que, el avance en las deducciones fiscales contra la despoblación, y las nuevas medidas fiscales para tratar de retener el talento, acercan posturas con Ciudadanos y Foro.

La tramitación parlamentaria arranca ahora con la comparecencia de todos los consejeros para dar cuenta de forma específica de los presupuestos de cada departamento, así como la de los expertos propuestos por los diferentes grupos. El 23 de diciembre será la primera prueba de fuego ya que el proyecto de ley deberá superar el pleno en el que se debatirán las enmiendas a la totalidad.

Si supera este trámite, como se espera, el 30 de diciembre se celebrará un segundo pleno en el que se debatirán las enmiendas parciales que los grupos presentarán para tratar de moldear a su gusto el presupuesto.