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GONZALO DÍAZ-RUBÍN
OVIEDO.
Jueves, 7 de noviembre 2019, 01:22
El concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, aseguró en el Pleno, tras preguntarle el portavoz socialista, Wenceslao López, por su reunión con representantes de la junta de compensación de Loma del Canto, que el papel del Ayuntamiento sería exclusivamente de mediación entre las ... partes para propiciar un acuerdo. Lo que no dijo, y es malo para los intereses municipales, es que cinco días antes, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ya había colocado al Ayuntamiento en un lugar bastante más peligroso para las arcas públicas. El auto de la sala de lo Contencioso Administrativo del pasado 30 de octubre pone, de facto, a la administración local al frente de la junta de compensación para que proceda a hacer cumplir con el pago de las expropiaciones. Le ordena que a través de los servicios municipales proceda a «certificar la deuda» de cada uno de los socios, se la notifique «en debida forma, con el apercibimiento expreso de que en caso de impago transcurrido un mes desde el requerimiento, se procederá a su exacción por la vía de apremio sobre sus bienes y derechos».
El auto no cae del cielo. El TSJA lleva más de tres años intentando que la junta de compensación de Loma del Canto pague la expropiación de la única finca que no se adhirió a esta operación urbanística, y cuya última liquidación cifra en 5,5 millones de euros y con los intereses de demora añadiendo unos cuantos miles de euros más cada semana que pasa. Los propietarios se resisten y la junta alega no tener dinero ni para convocar una asamblea.
Cuesta habló en el Pleno de que los pagos pueden generar un «problema social» y justificó en ello su supuesto papel de «mediador», pero es extraño. El Ayuntamiento se juega, como administración expropiante, acabar pagando toda la factura, lo que es un objetivo que la junta de compensación no oculta.
El auto del TSJA apunta ya en esa dirección. Responde a las alegaciones formuladas días antes por la entidad urbanística acerca de que se estaba a la espera de una reunión con el alcalde y el concejal de Urbanismo -un encuentro que se produjo el lunes- para desbloquear la situación. La sala considera que del escrito de la junta de compensación «se desprende que las gestiones realizadas no han conducido al cumplimiento» de sus resoluciones y por eso ordena al Ayuntamiento que tome las riendas, en virtud de la legislación urbanística.
¿Qué pasará si los miembros de la junta de compensación desatienden el requerimiento y no pagan o alegan que no pueden pagar? El Ayuntamiento estará un poco más cerca de tener que afrontar con cargo al erario público la expropiación. «Una pequeña Villa Magdalena», la definió el portavoz socialista, Wenceslao López, en el Pleno del martes .Hasta la fecha han consignado su parte las administraciones -Ayuntamiento y Principado-, la Sareb, que se ha hecho cargo de los suelos de varias constructoras quebradas, y un minoritario. Nada de eso vale. Los miembros de una junta de compensación responden solidariamente de sus obligaciones y hay un 60% del suelo que no las atiende desde hace tres años.
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