La junta de Loma del Canto aduce que no puede afrontar los 5,5 millones de la expropiación

La situación es complicada. La junta de compensación de Loma del Canto 1 está obligada por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a abonar el justiprecio de 3,3 millones más los intereses a la única finca que no se adhirió al proyecto. El abogado Miguel Teijelo, secretario de la junta de compensación, lo explicó ayer de forma directa: «La sentencia hay que cumplirla, pero no hay dinero ni para notificar a los socios». Una de las opciones sobre la mesa es cambiar el sistema de actuación: «De compensación a expropiación, pero aunque es una posibilidad legal, la administración, en este caso el Ayuntamiento, no tiene porqué aceptar cambiarlo», explicó el letrado.

Con esa opción, que liberaría a la junta de compensación de sus obligaciones, trasladándolas a las arcas municipales, sueñan los propietarios de Loma del Canto 1 desde hace tres años. «Fuimos a ponernos cara y a explicar una situación que ya conocen», aclaró el letrado. «El Ayuntamiento tiene que ponerse el frente, como administración expropiante y reunir a todas las partes», añadió.

Animados por las expectativas del negocio urbanístico, todos los propietarios de suelos en Loma del Canto 1 -donde están previstas 300 viviendas-, salvo una única familia, se sumaron a la junta de compensación que lideraba Urvisa. La espantada de esta, que desapareció cerrando oficinas y dejando un agujero millonario, ha dejado al resto frente a una deuda que asciende a 3,25 millones de euros de principal, más casi otro millón en concepto de intereses y otros 1,27 millones como liquidación final de intereses, gastos y costas de ejecución. Hasta el momento solo han pagado su parte las administraciones: el Ayuntamiento, el Principado y la Sareb, que se ha quedado los suelos de parte de las empresas quebradas.

El resto le tocaría a los otros socios de la junta de compensación. El TSJA aprieta y presiona para que paguen. En un auto del pasado día 23, apercibió con multas de 600 euros reiterativas cada diez días si la junta no notificaba a sus miembros la deuda correspondiente a cada cual. En respuesta, las propietarios alegaron que habían «sido citados» por Alcaldía para el día de ayer «para exponer la situación existente y plantear soluciones». Adjuntaron a la sala copia del correo de la secretaria del alcalde para pedirle al tribunal que «espere a ver el resultado de la reunión» y no imponga multas a la presidencia de la junta de compensación.

La junta de compensación es el escudo que evita, de momento, las posibles responsabilidades del Ayuntamiento como administración expropiante en un lío que se remonta a la revisión del PGOU de 2006, cuando dividió en dos actuaciones Loma del Canto, privilegiando la edificabilidad de la primera de las dos unidades. Hubo denuncias de 'pelotazo' que la Fiscalía archivó y poco después se constituyó la junta de compensación, liderada por Urvisa y se inició la expropiación de la única finca no adherida.

La cosa no salió bien desde el principio. En 2011, la CUOTA estimó un justiprecio de 1,8 millones de euros, que fue recurrido y salió peor: el Jurado Provincial de Expropiación casi duplicó la tasación de los terrenos, 3,3 millones de euros. Urvisa, de hecho, algo debía saber, justo un día antes de que el jurado notificase su tasación, pidió al Ayuntamiento que desistiese de la expropiación de los terrenos. El Consistorio no supo o no pudo y la empresa trató de forzarlo en los tribunales sin éxito. En febrero de 2014, el TSJA ordenó seguir con la expropiación y Urvisa desapareció semanas después. El Ayuntamiento y los propietarios minoritarios se quedaron solos y con fecha fijada para levantar las actas de ocupación de la finca. Para empeorar las cosas, en junio de 2014 los tribunales confirmaron el precio del jurado de expropiación por los terrenos. Días más tarde, el Ayuntamiento acudió y firmó el levantamiento de las actas de ocupación y pago pese a la desaparición de la empresa promotora y la conformación judicial del justiprecio. Quedan por pagar casi el 60% de los 5,25 millones de euros. Los intereses corren.